La Fiscalía General de la Nación confirmó de manera definitiva que no concederá el principio de oportunidad a Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, señalada de participar en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La decisión fue anunciada inicialmente el pasado 9 de abril mediante un comunicado, en el que se argumentó que los delitos imputados, lavado de activos y tráfico de influencias, así como la calidad de la información entregada por Ortiz, fueron determinantes para el rechazo.
“La colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria, y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones, que por esa misma razón no superaría la valoración y el control judicial”, indicó el ente acusador en su pronunciamiento.
Este 29 de abril, la fiscal María Cristina Patiño, quien lidera la investigación, ratificó la negativa al principio de oportunidad en declaraciones ante medios de comunicación. Explicó que la conducta de Ortiz durante el proceso no generó confianza en el ente investigador, al haber incurrido en contradicciones e inconsistencias a lo largo de su supuesta colaboración.
Según Patiño, en una etapa inicial del proceso Ortiz manifestó su disposición a colaborar con la justicia y entregar información sobre los presuntos responsables del caso UNGRD. Sin embargo, posteriormente acudió a un juez para denunciar presuntos actos de constreñimiento por parte de la Fiscalía, lo que fue considerado un factor que afectó la relación entre las partes. “Eso mina la confianza”, afirmó la funcionaria.
Durante su interacción con el ente acusador, Ortiz también señaló a dos mujeres influyentes, una de ellas vinculada al Gobierno del presidente Gustavo Petro, como implicadas en los hechos de corrupción. Más adelante, se retractó, afirmando que no tenía reparos contra dichas personas. Según Patiño, estas declaraciones fueron consideradas erráticas y no se sostuvieron con pruebas suficientes.
“Nosotros en este momento no sentimos que podemos confiar en una persona que varía, que es errática, que sale a los medios, que entrega información que debería haber sido confidencial hasta que se terminaran las negociaciones. Además, la prueba, la verdad, es deleznable”, expresó la fiscal.
La Fiscalía también señaló que ninguna de las informaciones aportadas por Ortiz ha permitido avanzar hacia una imputación de cargos o condenas contra terceros. Las versiones presentadas fueron calificadas como “hechos circunstanciales” sin sustento verificable.
En relación con la figura del principio de oportunidad, la Fiscalía precisó que su aplicación requiere el cumplimiento de condiciones estrictas de veracidad y evidencia, las cuales no fueron alcanzadas en este caso.
“Ella como ciudadana por supuesto que puede denunciar, por supuesto que le puede entregar esta información a las autoridades, pero en lo que hace a la Fiscalía, ella las entrega a cambio de una inmunidad total que frente a la gravedad del delito y la fortaleza de la prueba, pues no se compadece y, por tanto, no habrá principio de oportunidad, ni por esta razón, ni tampoco por la confianza”, indicó Patiño.
No obstante, el ente acusador dejó abierta la posibilidad de un eventual preacuerdo, que podría contemplar beneficios judiciales limitados, siempre que se cumplan los requisitos legales y que la información entregada sea verificable, conduzca a resultados concretos y esté enmarcada dentro de los principios de verdad, reparación y no repetición.
Sandra Ortiz continúa vinculada al caso UNGRD, que investiga la presunta desviación de recursos públicos desde la entidad, y ha sido mencionada en varias declaraciones entregadas por otros implicados en el proceso.
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