La Fiscalía General de la Nación mantiene como principal hipótesis en la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay la participación de las disidencias de las Farc bajo el mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.
El expediente señala que el ataque habría tenido como propósito enviar un mensaje de poder criminal contra una figura política en ascenso, en el marco de la campaña interna del Centro Democrático que perfilaba a Uribe como aspirante presidencial.
El 7 de junio, en el occidente de Bogotá, Uribe fue víctima de un atentado perpetrado por un menor de edad que le disparó en la cabeza. Tras más de un mes en estado crítico, falleció el 11 de agosto en la Fundación Santa Fe. Los homenajes póstumos en el Capitolio evocaron los magnicidios de finales de los años ochenta y comienzos de los noventa contra candidatos presidenciales.
Hasta la fecha, seis personas han sido judicializadas por su presunta participación: Élder José Arteaga, alias el Costeño o Chipi; Cristian Camilo González; Katerine Andrea Martínez; William Fernando González; Carlos Eduardo Mora, conocido como el Veneco; y el sicario de 15 años que ejecutó el ataque.
Las investigaciones señalan a Arteaga como coordinador logístico del plan, con vínculos en microtráfico y sicariato en Bogotá y Medellín, y antecedentes de colaboración con anillos de seguridad de alias Iván Mordisco en Caquetá. Esto refuerza la hipótesis de nexos entre las disidencias y estructuras criminales urbanas.
Aunque la Fiscalía se concentra en la línea de las disidencias, otras hipótesis han sido mencionadas desde distintos sectores. El presidente Gustavo Petro señaló al Eln, atribuyendo un posible móvil económico, postura respaldada por el ministro del Interior, Pedro Sánchez.
De igual manera, fueron descartadas hasta el momento las versiones que apuntaban a alias Zarco Aldinever y a la Segunda Marquetalia, así como a una supuesta “junta del narcotráfico” con sede en Dubái, tesis expuesta por el presidente Petro como parte de un plan de desestabilización. La Policía y el abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, aseguraron que no existen evidencias que respalden esa versión.
El crimen también abrió discusión sobre los esquemas de seguridad. Mientras el presidente Petro defendió que no hubo fallas estructurales, los investigadores señalan que el atacante aprovechó vacíos en la Unidad Nacional de Protección y en la Policía.
Otro punto de análisis es el impacto de los procesos de paz parcial. Según investigadores, el fortalecimiento reciente de las disidencias, facilitado en parte por ceses al fuego, habría ampliado su capacidad para planear y ejecutar atentados en zonas urbanas.
En la actualidad, las pesquisas se concentran en rastrear la financiación del atentado. Se indaga si los recursos provinieron de redes criminales asociadas al Costeño y canalizados mediante un lavador de dinero identificado. También se investiga la participación de el Veneco, conductor del vehículo usado en el ataque y con antecedentes de tráfico de armas en Caquetá.
Los investigadores analizan además movimientos migratorios hacia Ecuador de algunos procesados, incluido un menor de edad reclutado para participar en el plan.
La familia de Uribe solicitó apoyo internacional en la investigación, con especial interés en la colaboración de agencias de Estados Unidos y Reino Unido. El gobierno estadounidense manifestó disposición a cooperar, recordando que un día antes del atentado el senador se había reunido con un funcionario de su embajada en Bogotá para tratar temas de seguridad y narcotráfico.
La Fiscalía asegura contar con pruebas materiales como registros de video, interceptaciones y rastreos financieros que permiten profundizar en la cadena de responsabilidades. La Procuraduría, que acompaña el proceso, ha reiterado que el avance de las pesquisas debe mantenerse libre de filtraciones.
Por ahora, la principal línea se centra en establecer si la estructura de alias Iván Mordisco fue la responsable del asesinato o si intervinieron otros actores armados en la operación.
