Con declaraciones directas y contundentes, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, respondió al excomisionado de la CICIG y exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, tras conocerse la orden de captura en su contra.
“Señor prófugo Velásquez: la investigación del caso Odebrecht demuestra que usted traicionó la confianza del Departamento de Estado, de la ONU y del pueblo de Guatemala. Resultó ser más corrupto que aquellos a quienes supuestamente vino a investigar. Ahora, responda por sus delitos ante la justicia”, declaró la funcionaria en un pronunciamiento público.
La reacción se produce luego de que Velásquez calificara como una “persecución” la medida impulsada por el Ministerio Público guatemalteco, y señalara a Porras y al fiscal Rafael Curruchiche de estar sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea.
“Anda ahora la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea, extendiendo su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, escribió Velásquez en respuesta.
La orden de captura fue emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Guatemala, tras solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). El fiscal Curruchiche informó que se solicitará a Interpol emitir circular roja para ambos funcionarios colombianos, con base en una investigación enmarcada en el caso Odebrecht.
Según el Ministerio Público, los delitos imputados son asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Curruchiche aseguró que las acciones judiciales tienen como objetivo responder por una supuesta estructura criminal que, según las autoridades guatemaltecas, operó en el marco de la CICIG.
“La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG Iván Velásquez Gómez, favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales”, afirmó el fiscal.
Velásquez, por su parte, ha sostenido que las acciones judiciales en su contra se enmarcan en una campaña impulsada por sectores que buscarían revertir los avances logrados por la CICIG y la FECI en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
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