Colombia enfrenta un escenario de seguridad cada vez más complejo, marcado por la expansión de los grupos armados ilegales y el aumento de la violencia en varias regiones del país. Así lo advierte el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analiza la evolución del conflicto armado y el impacto de las acciones estatales durante el último año.
De acuerdo con el balance presentado por la FIP, a diciembre de 2025 los grupos armados ilegales contaban con más de 27.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo. Esta cifra representa un crecimiento del 23,5 % frente al año anterior, lo que equivale a la incorporación de más de 5.000 personas a estas estructuras en tan solo doce meses. El informe señala que este aumento evidencia la persistente capacidad de reclutamiento de las organizaciones armadas, incluso en medio de una mayor presencia de la Fuerza Pública.
El análisis identifica al Clan del Golfo como el grupo que más incrementó su número de integrantes, con cerca de 2.300 nuevos miembros. A esta organización le siguen el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, que también registraron aumentos relevantes en su pie de fuerza. Según la FIP, este crecimiento no ha sido contenido ni por las operaciones militares ni por los procesos de diálogo, negociación o sometimiento promovidos por el Estado.
En este contexto, el informe advierte que, aunque la Fuerza Pública incrementó sus acciones en un 34 %, este esfuerzo no se ha traducido en una mejora sostenida de las condiciones de seguridad.
La FIP también indica que, pese a las acciones adelantadas por la Fuerza Pública, en lo corrido de 2026 se ha registrado el regreso de los enfrentamientos armados, el aumento del temor en las comunidades y la aparición de nuevas emergencias humanitarias en distintas zonas del país.
Otro de los aspectos destacados en el documento es que 2025 se consolidó como el año con mayor número de disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre organizaciones ilegales aumentaron un 34 %, impulsados por rupturas internas, la conformación de nuevas alianzas y la disputa por el control de rutas estratégicas y economías ilegales.
Se indicó además que estas confrontaciones han tenido efectos directos sobre las comunidades, reflejados en el incremento de desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad.
El informe de la FIP subraya que este panorama plantea importantes desafíos para el Estado, especialmente en un contexto político y social sensible.
Finalmente, la FIP insiste en que el fortalecimiento de la presencia estatal integral en los territorios, junto con acciones coordinadas en materia de seguridad, justicia y desarrollo social, será clave para contener la expansión de los grupos armados y reducir los impactos de la violencia sobre la población civil.
