En medio de la declaratoria de emergencia económica y ambiental por las graves inundaciones que afectan a las regiones Caribe y Pacífica del país, la Federación Nacional de Departamentos (FND) propuso al Gobierno nacional utilizar saldos no ejecutados del Sistema General de Regalías para atender la crisis.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, durante el Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro en Montería.
Según la Federación, con corte al 31 de enero de 2026 hay más de 6 billones de pesos sin ejecutar en bolsas administradas por la Nación: 4,6 billones en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) y 1,5 billones en Ambiente.
De acuerdo con la propuesta, estos recursos podrían destinarse como una medida transitoria para la atención, mitigación y restablecimiento de las zonas afectadas, así como para fortalecer la gestión del riesgo y proteger el sustento de las comunidades impactadas por la temporada invernal.
Zuleta explicó que la alternativa busca orientar recursos disponibles sin afectar la autonomía territorial ni desfinanciar a los departamentos. “Los gobernadores no estamos en contra de la declaratoria de emergencia ni de que en virtud de la misma se busquen alternativas para atenderla. Lo que buscamos es una concertación con los mandatarios territoriales que permita una estrategia de recaudo efectiva, acorde con la propuesta del Gobierno nacional, sin afectar ni violar la autonomía territorial de los ya limitados ingresos de los departamentos”, afirmó.
El mandatario también señaló que actualmente existen recursos que no están siendo utilizados y que podrían tener un impacto inmediato en la atención de la emergencia. “Hoy existen importantes bolsas de recursos que no se están utilizando. Estos fondos pueden destinarse a la estructuración de proyectos que impulsen la recuperación económica de sectores estratégicos y permitan atender emergencias en los territorios”, indicó.
Desde la FND reiteraron su disposición para trabajar de manera articulada con el Ejecutivo en la definición de soluciones urgentes que permitan contener la emergencia y evitar la extensión de sus efectos, priorizando la vida y la sostenibilidad de los territorios.
