A través de un comunicado fechado este 17 de abril, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) emitieron un mensaje dirigido a la población civil colombiana, en el que reconocen afectaciones a la ciudadanía como resultado de sus recientes acciones armadas y justifican su actuar en medio del recrudecimiento del conflicto.
En el documento, firmado por el Secretariado del Estado Mayor Central, la guerrilla reitera su discurso en torno a la solución política del conflicto armado y responsabiliza al gobierno del presidente Gustavo Petro de intensificar la guerra. “El gobierno nacional ha optado por desatar la guerra contra las FARC-EP, con mentiras que han sido difundidas por los medios de comunicación”, se lee en el comunicado.
Según las FARC-EP, el despliegue de tropas estadounidenses en el país, desde “las 13 bases militares gringas, incluidas las 3 que en su mandato ordenó instalar”, sería parte de un plan estratégico para intervenir en Venezuela y controlar la Amazonía. Acusan además al Estado de permitir la expansión del paramilitarismo bajo la dirección de altos mandos militares, mencionando directamente al brigadier general Federico Mejía.
En tono de advertencia, y apelando a la autoprotección, el grupo armado ilegal entrega una serie de recomendaciones a la población civil, entre ellas alejarse al menos 500 metros de instalaciones militares y de policía, no permitir que estas instituciones utilicen viviendas o espacios públicos para operaciones, y rechazar la instalación de cuarteles en zonas residenciales. “Deben alejarse de inmediato, por su propia seguridad”, afirma el documento.
También instan a la ciudadanía a no aceptar “sobornos de dinero que los militares y policías ofrecen” para ubicar cuarteles en barrios o veredas, y a no permitir que se usen instituciones educativas, hospitales, casas comunales o templos con fines de inteligencia militar.
Las FARC-EP insisten en que los daños colaterales sufridos por la población civil son consecuencia de decisiones del Estado y no de sus propias acciones. “Lamentamos las afectaciones a la población civil, hechos que son responsabilidad del Estado colombiano por colocar a los civiles como escudos humanos”, aseguran.
