A través de un comunicado fechado el 15 de junio y difundido públicamente, el grupo armado ilegal FARC-EP, autodenominado Bloque Amazonas, anunció un paro armado en el departamento del Guaviare a partir de las 00:00 horas del 16 de junio de 2025. La organización, que asegura estar luchando “por la vida, la seguridad, el respeto a sus intereses y los del pueblo colombiano”, también decretó una serie de medidas restrictivas que elevan la tensión en la región.
El pronunciamiento, dirigido “a los habitantes del departamento del Guaviare, a las autoridades civiles y a las organizaciones sociales”, denuncia enfrentamientos con el grupo paramilitar de Calarcá Córdoba y fuerzas del Estado, lo cual —según el texto— “viene creando una situación de zozobra y miedo en la población civil”.
El comunicado también menciona la reciente desaparición del señor Misael Motta Bermúdez, quien se desplazaba desde el casco urbano de Calamar, Guaviare, hasta el corregimiento de Miraflores. La FARC-EP atribuye este hecho al grupo paramilitar en mención.
Entre las medidas impuestas, se incluyen restricciones severas bajo el marco del toque de queda que regirá desde las 18:00 hasta las 06:00 horas, entre ellas:
- “Prohibición de movilización general desde las 18:00 horas hasta las 06:00 horas.”
- “Prohibición del uso de cascos a los motociclistas.”
- “Prohibición de vehículos con vidrios cerrados y vehículos terrestres y fluviales carapados.”
- “Todo vehículo deberá andar con sus respectivas placas y documentos al día.”
- “Todo aquel que entre y recomiende personal forastero se hará responsable por sus actos.”
La organización también advierte que toda persona foránea, sin excepción, será considerada responsable de sus actos en la región, y restringe el paso de pasajeros por el río Guaviare, a excepción de quienes transporten ayuda humanitaria.
Además, se hacen recomendaciones adicionales como abandonar la vivienda si el grupo armado se instala a menos de 200 metros de las mismas, y reportar todo tipo de ocupación de predios por parte de las FARC-EP a las juntas de acción comunal.
Este nuevo anuncio ha encendido las alertas de las autoridades locales y nacionales, que hasta el momento no han emitido un pronunciamiento oficial. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el riesgo inminente para la población civil, especialmente en zonas rurales del Guaviare.
