Recientemente, el senador Jota Pe Hernández leyó un listado de nombres de presuntos familiares del congresista David Racero que, según sus declaraciones, ocupan actualmente cargos en entidades del Gobierno Nacional, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre presuntas prácticas de clientelismo en el oficialismo.
En medio de la emisión del programa El Debate de la revista SEMANA, se discutieron recientes audios que circulan en medios de comunicación y redes sociales, en los que se señala al congresista Racero de haber ofrecido condiciones laborales precarias en un negocio familiar.
El senador Hernández, durante su intervención, vinculó estas denuncias con lo que denominó una práctica reiterada de nepotismo y asignación de puestos públicos a cercanos del parlamentario.
En la lista mencionada por el senador figuran nombres como
- José Luis Mayorga (tío del congresista)
- Daniel Racero Gómez (exfuncionario del Ministerio de Educación)
- Camila Racero Gómez (Superintendencia de Industria y Comercio)
- José Manuel Márquez Mallorca (Colombia Compra Eficiente)
- Tania Carmona Racero (Agencia Nacional de Tierras)
- Félix Darío Racero (SENA – regional Cesar)
- Edgar García Mallorca (Superintendencia de Notariado y Registro)
- Leila García Mallorca (Ministerio de Ambiente)
- Ángela María Araújo (Ministerio de Justicia)
Hernández afirmó que lo que se cuestionaba en gobiernos anteriores ahora estaría ocurriendo dentro del actual, pese a las críticas del Pacto Histórico, coalición política a la que pertenece Racero, contra las prácticas de clientelismo y nepotismo.
Ante las múltiples menciones, David Racero emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que se refirió a las acusaciones y a los audios difundidos.
Racero explicó que, desde septiembre de 2024, es objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia a raíz de publicaciones en medios digitales. Según él, la apertura de esa investigación fue solicitada por él mismo y asumida de oficio por la Corte.
En su mensaje, el congresista indicó que la reserva del proceso limita sus declaraciones públicas y manifestó preocupación por lo que calificó como filtraciones de información personal sin verificación.
Sobre el negocio familiar mencionado en los audios, Racero sostuvo que se trató de un emprendimiento que existió durante aproximadamente seis meses en 2020, en plena pandemia, y que fue liquidado tras presentar pérdidas económicas.
También se refirió al contexto en el que estas denuncias han cobrado notoriedad, señalando que la divulgación de esta información coincide con el debate sobre la reforma laboral, lo que, según su interpretación, forma parte de una estrategia para deslegitimar su trabajo legislativo y afectar las reformas impulsadas por el Gobierno.
Racero concluyó reafirmando su disposición a comparecer ante la justicia, su confianza en las instituciones y su determinación de continuar en el escenario político.
Las acusaciones contra el Congresista se producen mientras continúan los debates legislativos relacionados con varias reformas estructurales propuestas por el Gobierno Nacional. Asimismo, se ha intensificado el escrutinio público sobre los nombramientos en la administración central, especialmente en lo referente a presuntos favorecimientos o asignaciones de cargos a personas cercanas a figuras políticas del oficialismo.
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