Durante las Jornadas Internacionales de Psicología Jurídica y Forense, celebradas los días 16 y 17 de octubre en la Universidad de Medellín, se hizo un preocupante llamado de atención sobre la escasa atención psicológica que reciben las víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia. Esta situación, marcada por la ausencia del Estado, está profundizando el sufrimiento de millones de personas afectadas por la guerra, tanto en su salud mental como en su proceso de reintegración y reconciliación.
Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 9 millones de colombianos han sido reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto, pero solo una pequeña fracción ha tenido acceso a atención psicológica adecuada. Investigaciones de la Defensoría del Pueblo revelan que solo el 20% de las víctimas ha recibido apoyo psicológico, lo que ha dejado a millones sin los recursos necesarios para superar trastornos como el estrés postraumático, la depresión y la ansiedad, generados por las experiencias traumáticas vividas.
Juan Guillermo Cárdenas Gómez, magistrado de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, señaló durante su intervención que la falta de atención psicológica no solo afecta a las víctimas, sino también a los victimarios, y advirtió que este vacío contribuye a la reincidencia delictiva. “La falta de tratamiento en los procesos de reintegración es alarmante. Esta ausencia contribuye a que el 22% de los desmovilizados reincidan en actividades criminales”, afirmó Cárdenas.
La situación es particularmente crítica para las mujeres víctimas de violencia sexual, quienes no solo enfrentan los traumas del conflicto, sino que también lidian con el estigma social. “El tratamiento psicológico que necesitan estas personas es largo y debe ser continuo. El Estado ha fallado en brindar un acompañamiento integral que permita sanar estas heridas profundas”, añadió el magistrado.
A esta preocupación se sumó Juan David Giraldo Rojas, profesor de Psicología de la Universidad de Medellín, quien destacó la necesidad de implementar un enfoque de justicia terapéutica que contemple tanto a víctimas como a victimarios. Según Giraldo, esta falta de atención también afecta la confianza de la sociedad en las instituciones. “Es imperativo ofrecer un tratamiento psicológico tanto a las víctimas como a los agresores. Si no abordamos esta problemática, seguimos fallando en la prevención del delito y en la restauración del tejido social”, explicó el académico.
Ambos expertos coincidieron en que, a pesar de los más de 65 años de conflicto armado, la respuesta institucional ha sido insuficiente. El Estado y las instituciones privadas no han garantizado la atención necesaria, especialmente para aquellos en zonas remotas, donde las víctimas y victimarios a menudo se sienten abandonados y sin esperanza de recuperación.
Este vacío en la atención psicológica y psiquiátrica refleja la falta de una política integral que aborde las secuelas del conflicto, no solo desde una perspectiva punitiva, sino también terapéutica. Para Cárdenas y Giraldo, la colaboración entre el Estado y la academia es crucial para avanzar hacia una verdadera reconciliación y restauración del tejido social.
Las jornadas en la Universidad de Medellín, que celebraron los 10 años del programa de Psicología, sirvieron como un espacio de reflexión sobre la importancia de un enfoque más humanitario en la resolución del conflicto armado, un llamado a la acción urgente para garantizar que las víctimas y victimarios reciban la atención psicológica que tanto necesitan para sanar sus heridas y construir un futuro más pacífico para Colombia.