Fabiola Perea, quien trabajó como empleada de la actual canciller Laura Sarabia, reapareció en el panorama público exigiendo una reparación económica de 640 millones de pesos, así como un acto público de disculpa por los perjuicios ocasionados en el marco del caso de interceptaciones ilegales que sacudió a Colombia en 2023.
Tal y como lo dio a conocer RCN, la solicitud, presentada ante la Procuraduría General por su abogado Boris Andrés Lombana, argumenta que Perea fue víctima de acusaciones falsas que la vinculaban con el Clan del Golfo. Según el documento, esta imputación permitió interceptar ilegalmente sus comunicaciones, lo que le causó daño moral, psicológico y económico.
“El daño causado a mi clienta y su familia es profundo, afectando tanto su estabilidad emocional como sus oportunidades laborales”, señaló Lombana. La compensación solicitada, equivalente a 450 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), se calcula con base en los ingresos que dejó de percibir y en las afectaciones sufridas tanto por ella como por sus cinco hijos.
Además del resarcimiento económico, Perea exige que entidades como el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Fiscalía General realicen un acto público de perdón, reconociendo su responsabilidad en los hechos que llevaron a su estigmatización.
El caso también involucró a Marelbys Meza, otra exempleada de Sarabia, quien fue vinculada a estas prácticas ilegales cuando la canciller se desempeñaba como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Las interceptaciones habrían contado con la participación de altos mandos policiales, y el proceso judicial para esclarecer los hechos sigue en curso.
