Ante un juzgado administrativo de Bogotá fue radicada una demanda formal por parte de Fabiola Perea, exempleada doméstica de Laura Sarabia, en el marco del escándalo de interceptaciones ilegales ocurridas durante el actual gobierno.
Según información revelada por Semana, la acción judicial busca una reparación integral por los perjuicios que, según la demandante, le fueron causados tras ser objeto de seguimientos e interceptaciones por parte de la seguridad presidencial, en el contexto de la búsqueda de un dinero extraviado en el apartamento de la entonces jefe de gabinete.
De acuerdo con la defensa de Perea, los hechos ocurrieron mientras ella prestaba servicios generales en la vivienda de Sarabia. En ese momento, al igual que Marelbys Meza, quien se desempeñaba como niñera, fue vinculada por miembros de la Policía Nacional a actividades delictivas con el propósito de justificar la interceptación de sus comunicaciones.
La Fiscalía General de la Nación estableció que integrantes de la SIJÍN Bogotá y de la DIJÍN fueron los encargados de llevar a cabo las interceptaciones, bajo la coordinación de la seguridad presidencial. Inicialmente, los hechos fueron negados por las autoridades, pero en el transcurso del proceso judicial, algunos policías aceptaron su responsabilidad, lo que derivó en condenas por los hechos ilegales.
Con estos antecedentes, la defensa de Perea inició la reclamación jurídica por los daños que, según su relato, incluyen persecución institucional, estigmatización y afectación familiar. La mujer, además, es desplazada por la violencia, condición que, de acuerdo con la demanda, agrava su situación de vulnerabilidad.
La reclamación económica está dividida entre daños materiales directos, estimados en 24 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y afectaciones inmateriales, que se extienden a sus hijos y familiares cercanos. En total, la demanda asciende a 450 salarios mínimos mensuales legales vigentes, equivalentes a casi 800 millones de pesos colombianos.
Dentro de las pretensiones, también se solicita que las entidades demandadas realicen un acto público de disculpas y desagravio, en el que se incluya a todas las personas implicadas, entre ellas Laura Sarabia y demás funcionarios vinculados con las interceptaciones.
Uno de los aspectos destacados de la demanda es la acusación contra miembros de la Policía Nacional por la falsificación de documentos para vincular a Fabiola Perea con el Clan del Golfo, organización criminal con presencia nacional. En esos documentos, Perea fue identificada falsamente como “alias la Cocinera”, con el objetivo de obtener aval judicial para intervenir sus líneas telefónicas.
La defensa asegura que esta actuación tuvo como propósito vincular a las dos exempleadas a una estructura criminal, fabricando perfiles delictivos sin sustento. Marelbys Meza fue señalada como “alias la Mona”, y en ambos casos se usaron estos alias para avanzar en procedimientos de interceptación ante instancias judiciales.
La controversia tuvo origen en el presunto hurto de una suma de dinero en el apartamento de Laura Sarabia. Tras los hechos, la seguridad presidencial activó mecanismos de inteligencia contra las trabajadoras del servicio. Con el avance de la investigación penal, se descubrió que los procedimientos habían sido irregulares y violatorios de derechos fundamentales.
La defensa de Marelbys Meza también ha anunciado que presentará una demanda contra el Estado, por hechos similares.
¡Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion.
