El Tribunal Supremo de Justicia de Portugal ratificó la extradición a Colombia de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”, al rechazar la apelación interpuesta por su defensa.
Con esta decisión, se cierra de forma definitiva la vía judicial en ese país, y se da vía libre a su entrega por los cargos de contrabando, lavado de activos, corrupción y concierto para delinquir.
La decisión judicial señala que se cumplen los requisitos legales exigidos por el sistema portugués y los tratados internacionales suscritos entre ambos países. Sin embargo, la extradición no podrá ejecutarse hasta que se resuelva una solicitud de asilo político presentada por Marín en diciembre de 2024, cuyo trámite podría tardar entre 80 y 100 días.
Marín fue capturado en Portugal el 3 de diciembre de 2024. Dos meses después, el 3 de febrero de 2025, su detención fue legalizada. En ese momento, el procesado expresó su oposición a la extradición y se acogió a la regla de especialidad, que le permitiría ser juzgado únicamente por los delitos incluidos en la solicitud oficial de Colombia.
El 14 de marzo, el Tribunal de Apelación de Oporto avaló la solicitud colombiana, desestimando los argumentos que hablaban de persecución política. La defensa apeló de nuevo, esta vez ante el Supremo, que ahora ha confirmado la validez del proceso.
El tribunal decidió mantener a Marín bajo detención preventiva, al considerar que existe un riesgo alto de fuga, y prorrogó su permanencia en custodia por 80 días adicionales. Los argumentos de la defensa han incluido la presunta revocatoria de la orden de captura en Colombia, la supuesta carencia de fundamentos legales en la solicitud de extradición, y un posible riesgo de muerte en caso de su regreso al país.
También alegaron que Marín posee nacionalidad española, lo que, según sus abogados, impediría su traslado desde otro país de la Unión Europea a un tercero. No obstante, la Procuraduría General Adjunta de Portugal rechazó todos estos planteamientos. Además de las implicaciones judiciales, el caso Marín ha tenido eco en el panorama político colombiano.
En 2022, su nombre apareció vinculado a la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro. De acuerdo con las denuncias, uno de sus asesores habría recibido recursos de Marín. La Presidencia, en su momento, confirmó la devolución inmediata del dinero y ordenó que se registrara en video.
En paralelo, surgieron versiones sobre un posible encuentro entre Marín y el entonces embajador Armando Benedetti. Estos hechos derivaron en tensiones al interior del Gobierno y suscitaron nuevas discusiones sobre la relación entre actores políticos y estructuras de financiación no declaradas.
Mientras tanto, en Colombia, el proceso judicial de Marín ha tenido avances. El 2 de mayo de 2025, el Juzgado 3º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá expidió una boleta de libertad a su favor, en el marco del expediente por concierto para delinquir.
La decisión fue fundamentada en las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, aunque el documento señala que aún se deben verificar antecedentes. Por ahora, la extradición de Diego Marín Buitrago queda en suspenso hasta la resolución del asilo político, mientras las autoridades colombianas aguardan su eventual llegada.
