Una denuncia elevada por la concejal de Bogotá, Quena Ribadeneira, reveló un incremento sostenido en los casos de extorsión registrados en la capital durante 2025.
Según las cifras expuestas por la cabildante, se han reportado 464 casos en lo que va del año, lo que equivale a un promedio de un caso cada cuatro horas.
Las localidades con mayor número de denuncias son Suba (61), Kennedy (51), Santa Fe (42), Engativá (42) y Usaquén (40). Estos datos reflejan una concentración territorial del fenómeno en sectores específicos, donde también se ha identificado un patrón en los días y horarios de mayor incidencia: lunes, jueves y viernes, especialmente durante las tardes y noches.
La concejal, integrante del Pacto Histórico, cuestionó la respuesta de la Administración Distrital ante lo que describió como un fenómeno creciente. Indicó que ha propuesto desde el Concejo de Bogotá la creación de una ruta integral para la atención de víctimas de extorsión, iniciativa que, según afirma, no ha sido priorizada por el gobierno local.
En sus declaraciones, planteó una duda sobre si la reducción en el número de denuncias podría estar relacionada con una pérdida de confianza por parte de los ciudadanos en las autoridades competentes.
La modalidad más común de extorsión sigue siendo la llamada telefónica, aunque también se han reportado casos a través de redes sociales y amenazas directas. Estas variantes han sido interpretadas como una adaptación de los grupos criminales al entorno digital, lo que ha permitido ampliar el radio de acción de los extorsionadores.
Frente al panorama expuesto, ProBogotá entregó un conjunto de recomendaciones orientadas a enfrentar esta problemática. Entre las principales medidas sugeridas se encuentra el desmantelamiento de los mercados de armas ilegales, el fortalecimiento de la integración de información criminal y la implementación de una estrategia integral contra la extorsión.
Esta incluiría la identificación de falsificación de marcas criminales, la intervención de centros de fraude y call centers, y el control del uso de celulares por parte de reclusos.
También se recomendó fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la respuesta institucional ante la violencia de género, promover una transformación cultural que mitigue los conflictos de convivencia y reorganizar el espacio urbano para cerrar oportunidades al crimen.
El documento subraya la necesidad de una mayor articulación entre el gobierno distrital y el nacional, así como el uso intensivo de tecnología e inteligencia para fortalecer las capacidades de la fuerza pública.
La concejala Ribadeneira reiteró su llamado a la administración distrital para atender las propuestas presentadas y reforzar los mecanismos de protección a las víctimas. Las cifras continúan en aumento, y los sectores afectados han mostrado preocupación ante la falta de respuestas estructurales.
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