Un tribunal de Seúl condenó al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras ser declararlo culpable de liderar una insurrección por su decisión de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, una medida que solo estuvo vigente seis horas pero que desencadenó una de las crisis políticas más graves en la historia democrática reciente del país.
El fallo fue emitido por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, el juez presidente Ji Gwi-yeon sostuvo que la declaración de ley marcial no fue un acto legítimo dentro de las facultades presidenciales, sino un intento deliberado de paralizar la Asamblea Nacional.
Según la sentencia, el envío de soldados armados al Parlamento y su traslado en helicópteros constituyó un acto que encajó en la definición legal de insurrección establecida en el Código Penal surcoreano.
La Fiscalía había solicitado la pena de muerte contra el exfuncionario, la sanción más severa contemplada para este delito, pero, el tribunal optó por la cadena perpetua.
Vale recordar que en Corea del Sur la pena capital permanece vigente en la legislación, aunque no se aplica desde finales de la década de 1990, por lo que en la práctica una condena a muerte equivale a prisión de por vida.
En otro orden de ideas, los hechos que dieron origen al proceso judicial ocurrieron la noche del 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon apareció en televisión nacional para anunciar la suspensión del gobierno civil y el inicio del mando militar.
Por ese entonces, argumentó que era necesario actuar frente a “fuerzas antiestatales” y supuestas amenazas vinculadas a Corea del Norte, luego del anuncio, la decisión provocó una reacción inmediata por parte de legisladores, asistentes parlamentarios y ciudadanos que incluso bloquearon los accesos al edificio legislativo para impedir el avance de las tropas.
Horas después, los diputados lograron reunirse y votaron de forma unánime para revocar la medida, como se expresó al inicio, la ley marcial quedó sin efecto seis horas después de haber sido decretada. No obstante, el episodio abrió una crisis constitucional que culminó con la destitución del mandatario mediante un proceso de juicio político y su posterior arresto.
Durante el juicio, Yoon negó haber intentado subvertir el orden constitucional y sostuvo que actuó para alertar al país sobre un bloqueo político impulsado por la oposición y defendió que ejercía una autoridad prevista en la Constitución. Calificó las acusaciones de insurrección como infundadas y aseguró que no existió una intención real de detener legisladores ni de provocar violencia.
El tribunal descartó esos argumentos y consideró probado que la medida buscaba neutralizar el funcionamiento del Parlamento durante un período significativo. El juez afirmó que el impacto institucional y social de la decisión fue grave y que no se evidenció arrepentimiento suficiente por parte del exmandatario.
La condena marcó un hito en la historia contemporánea surcoreana, ya que, fue la primera vez en tres décadas que un expresidente fue sentenciado por insurrección, la primera condena contra exjefes de estado se hizo en 1996, contra el exmandatario Chun Doo-hwan quien también había sido condenado por su papel en un golpe militar ocurrido en 1979, aunque posteriormente fue indultado.
Pero, vale decir que el caso de Yoon no se limitó a solo este proceso, ya que en un juicio separado celebrado semanas antes, ya había sido condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, abuso de poder y fabricación de documentos relacionados con su intento de evitar la detención tras la crisis de la ley marcial.
