Un equipo de expertos y expertas independientes, que conforman el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y en alianza con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), exhortaron a Venezuela a compartir información sobre la ubicación de las personas víctimas de desaparición forzada, las cuales fueron sustraídas antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela.
En el comunicado emitido por los y las expertas, se leyó, «Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación», apuntaron los especialistas.
Asimismo, comentaron que han recibido constantes denuncias de familiares y defensores de las víctimas y organizaciones no gubernamentales, donde comunican que a pesar de sus reiteradas solicitudes de información sobre el paradero y estado de sus parientes no han recibido respuesta, también añadieron que los solicitantes han interpuesto denuncias y hebeas corpus que en su mayoría no han sido procesadas o recibidas por los organismos correspondientes del Estado venezolano.
En ese mismo orden de ideas, dijeron que la dictadura venezolana, utiliza mecanismos de «desaparición forzada» para presionar a dirigentes o activistas políticos y luchadores por los Derechos Humanos, (DDHH), en aras de recuperar la democracia, esto con el fin de desmoralizar a la sociedad y generalizar la impunidad. «Busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva», enfatizaron los expertos.
Los miembros del grupo de trabajo, expresaron que la omisión de información sobre el paradero o estado de las personas «detenidas» por largo o corto tiempo en manos del Estado, o, personas autorizadas por él, constituyen una violación a la ley y dichas acciones son consideradas, «desapariciones forzadas».
Gabriella Citroni, Grażyna Baranowsk, Aua Baldé, Ana-Lorena Delgadillo Pérez y Mohammed Al-Obaidi, miembros del Grupo de Trabajo de las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, exigieron a la cúpula madurista cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, responder a las solicitudes que estos emitieron y proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente desaparecidas forzadamente.
Los especialistas, aseveraron, que los informes recibidos revelan un patrón generalizado o sistemático de desaparición forzada, en cuya comisión u ocultamiento estarían implicadas diversas autoridades comandadas por el régimen venezolano, incluyendo organismos de segridad nacional, tales como, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar, (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana, (GNB), la Policía Nacional Bolivariana, (PNB), la Brigada de Infantería Paracaidista, la Policía Estatal, el poder judicial, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República y otros organismos afectos a la dictadura del vecino país.
Los expertos indicaron que continúan en constante comunicación con las autoridades venezolanas para tratar esta problemática.
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