A tres días del inicio de una nueva legislatura en el Congreso de la República, un grupo interdisciplinario de exministros y exviceministros de Salud y Protección Social emitió un pronunciamiento dirigido a las autoridades nacionales y al Legislativo, en el que advierten sobre el deterioro del sistema de salud y solicitan una intervención institucional inmediata.
El comunicado, difundido el 17 de julio de 2025, enfatiza la necesidad de respetar la institucionalidad democrática y evitar medidas unilaterales por parte del Ejecutivo.
Según los firmantes, la situación crítica del sistema de salud se refleja en cifras como un déficit estructural en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) superior al 16%, deudas acumuladas por más de 10 billones de pesos, desabastecimiento de medicamentos, cancelación de citas y procedimientos médicos, y un creciente número de tutelas interpuestas por pacientes ante la imposibilidad de acceso a servicios.
En el documento también se cuestionó el proyecto de decreto con el que el Gobierno busca introducir modificaciones al sector salud, en especial lo relacionado con la territorialización de competencias. Según el grupo de exfuncionarios, dicho proyecto se ha discutido con baja interlocución con los actores del sistema y, al estar en contravía de normas vigentes como las leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud de 2015, podría representar una vulneración a la legalidad vigente.
El llamado al Congreso se centra en la responsabilidad histórica que tendría al discutir el Proyecto de Ley 410 de 2025, el cual recoge los contenidos del Proyecto 312 aprobado previamente en la Cámara de Representantes. El grupo instó a los congresistas a propiciar una discusión técnica y pública, convocando expertos independientes, exigiendo estudios de impacto fiscal certificados y desarrollando un debate alejado de presiones coyunturales.
En el comunicado, los exministros reafirmaron varios puntos clave:
- El respeto a la institucionalidad. Sostienen que cualquier reforma al sistema de salud debe tramitarse dentro del marco legal y constitucional. Rechazan la sustitución de funciones legislativas mediante decretos reglamentarios y advierten que ignorar fallos judiciales representa un riesgo para el Estado de Derecho.
- Cumplimiento de fallos de la Corte Constitucional. Subrayan que las decisiones judiciales sobre financiación del sistema y pago de deudas acumuladas no deben estar supeditadas a criterios políticos o fiscales.
- Revisión de la sostenibilidad financiera. Plantean la urgencia de abordar el desfinanciamiento estructural de la UPC como condición indispensable para avanzar en cualquier discusión sobre reformas.
- Garantías sobre el uso de recursos públicos. Consideran que diluir responsabilidades o eliminar la UPC, como ha sido propuesto, implicaría un retroceso en términos de calidad, equidad y cobertura del servicio.
- Rechazo a la estigmatización. Exigen respeto por el derecho al disenso, ante episodios recientes de descalificación hacia voces críticas provenientes de pacientes, profesionales y congresistas.
- Solicitud de un plan de salvamento inmediato. Consideran imprescindible una inyección urgente de recursos y medidas de estabilización para contener un posible colapso en el corto plazo.
- Apoyo a una convocatoria nacional respetuosa y técnica. Piden la construcción de una política de Estado en salud basada en evidencia y alejada de imposiciones o regresiones.
El grupo reiteró su disposición a participar en espacios de deliberación y advierte que la historia juzgará a quienes vayan a liderar decisiones en esta etapa. El pronunciamiento concluyó reafirmando que “no hay salud sin instituciones, no hay bienestar sin respeto a los derechos, y no hay reforma legítima sin participación real”.
