Un grupo de exministros y exviceministros de Salud alertó que el sistema de salud colombiano comienza el año 2026 en una situación más crítica de desfinanciación, como consecuencia de decisiones adoptadas por el Gobierno nacional que, según advierten, han agravado los riesgos para pacientes y usuarios, deteriorado el acceso a los servicios y concentrado la deuda del sector.
En un pronunciamiento público, los firmantes señalaron que “las intervenciones y decisiones adoptadas han concentrado la deuda y el riesgo financiero, deteriorado el acceso a los servicios y aumentado la incertidumbre, el sufrimiento y las barreras para usuarios y pacientes”. De acuerdo con el documento, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 reflejan un escenario adverso para quienes dependen del sistema de salud, con mayores dificultades para la atención y un incremento en la incertidumbre de los usuarios.
El grupo recordó que desde 2022 ha venido expresando su preocupación por el rumbo del sistema, alertas que, según indican, no han sido aisladas y han coincidido con los pronunciamientos de distintos órganos de control del Estado. En ese sentido, destacaron que la Corte Constitucional, mediante autos proferidos en 2024 y 2025, ha reiterado que existe un problema estructural de desfinanciación asociado al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según el documento, la Corte ha advertido sobre “el uso de información incompleta, la falta de aplicación de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera del sistema y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud”. A estas advertencias se han sumado, indican, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.
La Defensoría del Pueblo, según se señala en el pronunciamiento, ha alertado sobre “el deterioro del acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas y la creciente angustia de pacientes y familias”. Por su parte, la Contraloría habría confirmado que las intervenciones administrativas adelantadas no han corregido las causas estructurales de la crisis y que, por el contrario, “han concentrado la deuda y el riesgo financiero, debilitando la capacidad operativa de EPS e IPS y deteriorando el flujo de recursos”.
El documento también hace referencia al impacto fiscal de decisiones recientes, como el incremento del salario mínimo para 2026, el cual, según advierten, genera un sobrecosto cercano a 4,5 billones de pesos que no habría sido incorporado en la UPC, profundizando la insuficiencia financiera tanto del régimen contributivo como del subsidiado.
Finalmente, los exfuncionarios insistieron en que las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional están teniendo como consecuencia “mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso, mayor sufrimiento y muerte” para los usuarios del sistema, y reiteraron la necesidad de corregir de manera estructural la financiación del sector para garantizar el derecho fundamental a la salud.
