Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el Tribunal Superior de Bogotá, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, solicitó que se le permita defenderse en libertad, argumentando que las imputaciones de la Fiscalía carecen de sustento fáctico y probatorio.
La diligencia judicial se realizó en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que también está implicado el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
La defensa de Velasco sostuvo que la tesis de la Fiscalía, que lo acusa de concierto para delinquir y cohecho por dar, se basa en inferencias sin respaldo y en el testimonio aislado de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y confeso partícipe en hechos de corrupción, quien busca beneficios procesales.
Según la defensa, la Fiscalía no acreditó los elementos esenciales del delito de concierto para delinquir, como acuerdo criminal, estructura jerárquica, aporte funcional del exministro ni finalidad ilícita común.
Uno de los ejes centrales del debate fue la reunión del 27 de noviembre de 2023, a la que la Fiscalía calificó de “cónclave” para direccionar contratos a cambio de apoyos legislativos.
La defensa argumentó que se trató de un encuentro institucional rutinario del Comité Político del Gobierno, convocado oficialmente por el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González, y que ningún otro testigo corroboró la versión de López sobre supuestas instrucciones ilícitas.
Asimismo, la defensa refutó la existencia de los contratos investigados por la Fiscalía, que, según la investigación, habrían sumado cerca de 90.000 millones de pesos en proyectos para los municipios de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena.
Se mencionó que documentos oficiales de la UNGRD evidencian que los proyectos no llegaron a la fase precontractual, lo que, según la defensa, descarta la materialización de cualquier delito. Este argumento coincidió con la postura presentada por la defensa del exministro Bonilla en la misma audiencia, quien sostuvo que la actuación de los funcionarios era parte de procesos reglamentarios y no obedecía a directrices ilícitas.
Sobre el cargo de cohecho por dar, la defensa afirmó que la imputación no cumple con los elementos legales necesarios, pues no identifica destinatario, beneficio, momento, lugar ni finalidad funcional de un supuesto ofrecimiento indebido. Criticaron, además, que la Fiscalía intentara reintroducir el denominado “episodio Chagüi” para sustentar la medida de aseguramiento, a pesar de haberlo excluido previamente del marco fáctico del proceso.
En una parte de la audiencia, el propio Luis Fernando Velasco se dirigió al Tribunal asegurando lo siguiente: “Estoy en Colombia, dando la cara y a disposición de la justicia. Ante acusaciones tan graves, pero tan infundadas, tengo derecho a defenderme en libertad”, aseguró.
La audiencia, que también incluye las intervenciones de Bonilla, completó más de ocho horas y continuará con la valoración de argumentos a favor y en contra de los exfuncionarios, por lo tanto, el Tribunal Superior de Bogotá decidirá en los próximos días si acoge la solicitud de la Fiscalía de medida de aseguramiento en centro carcelario o permite que los exministros continúen el proceso en libertad.
