El exministro de Agricultura Rubén Darío Lizarralde radicó una acción pública ante la Corte Constitucional contra el plan de entendimiento suscrito entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la República Popular China, para la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Ruta de la Seda.
Este plan de cooperación hace parte de una estrategia global liderada por el Gobierno chino, que ya cuenta con más de 140 países firmantes y busca fortalecer las infraestructuras y las redes de conectividad para el comercio internacional. En ese marco, Colombia firmó un memorando con el país asiático, lo cual ha generado reacciones en distintos sectores del país.
La acción jurídica de Lizarralde señala que el acuerdo entre Colombia y China no puede tener efectos jurídicos internos sin haber surtido los procedimientos constitucionales establecidos para la ratificación e incorporación de tratados internacionales. En su concepto, esto incluye la aprobación del Congreso de la República y el control previo de constitucionalidad que debe ejercer la Corte Constitucional.
El exfuncionario también solicitó al alto tribunal que le ordene al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República la publicación íntegra del texto del convenio, cuya versión oficial aún no ha sido divulgada en medios oficiales.
“Este control encarna dos de los principios esenciales del Estado de derecho: la sujeción de todo el poder público al ordenamiento jurídico y el sistema de pesos y contrapesos”, señala la demanda. El documento también advierte que no puede haber normas jurídicas que queden por fuera del análisis constitucional, y que cualquier disposición que contradiga la Carta debe ser excluida del ordenamiento.
Según cifras del comercio bilateral entre Colombia y China citadas por el demandante, el país mantiene un déficit comercial de más de $13.500 millones de dólares. Las exportaciones colombianas alcanzan los $2.377 millones de dólares, concentradas en petróleo crudo, hullas térmicas y ferroníquel, productos que en conjunto representan el 71% de la canasta exportadora. En contraste, las importaciones desde China superan los $15.900 millones de dólares.
Lizarralde expuso que este desequilibrio comercial se contradice con la narrativa oficial del Gobierno frente a la necesidad de reducir la dependencia de los hidrocarburos, y plantea que el convenio podría profundizar ese modelo económico sin una evaluación previa desde el Congreso ni el control de constitucionalidad.
Con esta acción, el plan de entendimiento firmado con China se suma a otros proyectos del Ejecutivo que han sido llevados ante la Corte Constitucional, como la reforma pensional, las medidas de emergencia en La Guajira y la declaratoria de conmoción interior en la región del Catatumbo.
Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion!
