Por su presunta responsabilidad en las irregularidades detectadas durante la cesión gratuita de un bien público fue acusada la exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante. Según se indicó por parte de la Fiscalía, la cesión del bien se hizo a una asociación privada, hecho que habría generado un detrimento patrimonial de 12.106 millones de pesos.
En medio del proceso se conoció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó el escrito de acusación en el que señala a la exmandataria como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
La investigación señala que, durante su gestión, Arbeláez Escalante tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitió transferir bienes del departamento y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados a la Asociación Abrazar, una entidad privada.
Según el expediente, la entrega del terreno se formalizó mediante las escrituras públicas 2686 y 2853, del 12 y 29 de diciembre de 2007, respectivamente, registradas el 4 de enero de 2008 en la Oficina de Instrumentos Públicos.
El predio entregad está ubicado en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima), incluía el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, escenario que no había sido autorizado para ser transferido en la ordenanza departamental.
Durante el proceso judicial se estableció que el inmueble fue entregado a la asociación beneficiada, la cual asumió la administración del estadio y obtuvo provecho del mismo, a pesar de su carácter público. Tras varios años de litigio, y por orden judicial, el estadio fue restituido al municipio de Calarcá el 28 de abril de 2022.
La Fiscalía detalló que en el desarrollo de la investigación se encontraron otras presuntas irregularidades, entre ellas la autorización de cesión de un predio de uso público que, en realidad, pertenecía al municipio y no al departamento, situación que habría afectado el patrimonio público.
Además, se evidenció la ausencia de estudios de conveniencia para la donación, así como inconsistencias en la documentación y en los requisitos legales presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá.
Estas aparentes irregularidades, según la acusación, habrían inducido en error a los funcionarios encargados de formalizar la tradición del predio, permitiendo la inscripción de la cesión sin los soportes jurídicos necesarios.
El ente acusador afirmó que con esta actuación se afectaron los intereses del Estado, al comprometer bienes públicos sin la debida justificación ni cumplimiento de los procedimientos exigidos por la ley.
Con esta acusación formal, la Fiscalía General de la Nación busca que la Corte Suprema de Justicia determine la responsabilidad penal de la exgobernadora Amparo Arbeláez Escalante en los hechos relacionados con la donación del bien público y el presunto detrimento patrimonial ocasionado al departamento del Quindío.
