La crisis en el sector defensa cada día es mayor sin que el Gobierno Nacional preste atención y asuma con responsabilidad el tema. La tendencia que se viene implementando es la de debilitar las estructuras orgánicas de las diferentes fuerzas de las Fuerzas Armadas, como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; además de debilitar la estructura de la Policía Nacional. En todas ellas, se ha hecho una purga sin precedentes en donde ya se cuenta mas de una centena de generales que han sido sacados. A todo esto, se le suma una profunda crisis económica que amenaza la operatividad de los organismos de seguridad del Estado y la falta de recursos pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y del país.
EL CONTEXTO DEL DEBILITAMIENTO
Con la purga al generalazgo y el escaso llamado de coroneles para ascenso, se viene desarrollando el desmantelamiento paulatino de la experiencia y conocimiento en importantes áreas estratégicas y operativas de las Fuerzas Militares como lo es la inteligencia y contrainteligencia del país. Como si fuera poco, la crisis en el sector pasa por la tendencia a ir desmoralizando a las tropas, las mismas que vienen siendo dejadas a su suerte en escenarios de conflicto, terminando sus operativos en secuestros por parte de guardias indígenas, infiltradas y manipuladas por grupos armados ilegales, que dictan su ley en territorios del Cauca, Norte de Santander, los llanos, la selva y quienes hacen lo propio en zonas de la Costa, Antioquia y el Chocó.
La política de Paz Total emprendida por el Gobierno Nacional, en la que se suspendieron órdenes de captura a guerrilleros y delincuentes comunes y narcotraficantes que dicen participar en mesas de diálogo y negociación, le ha servido al gobierno para “atar de manos” el accionar de la fuerza pública y no poder combatir a la delincuencia en las ciudades y en las áreas rurales, ni controlar los territorios en donde los grupos armados ilegales y los narcotraficantes, se pasean con patrullajes, como si fueran ley; extorsionando, secuestrando, reclutando menores y asesinando a quienes no obedecen. La situación es tan grave, que en algunas poblaciones, las guerrillas y narcotraficantes, carnetizan a los ciudadanos y controlas la movilidad de quienes se desplacen por las carreteras.
Los Gobernadores de los departamentos, comenzando por el de Antioquia, Anibal Gaviria y el del Tolima, Ricardo Orozco, no han cesado en sus súplicas al presidente Gustavo Petro, para que actúe y permita que las Fuerzas Armadas puedan ejercer control, sobre las acciones de las Farc, el ELN y los delincuentes que están reclutando y suplantando la autoridad; en lo que han llamado, un retroceso de mas de 30 años en materia de seguridad.
LA FALTA DE RECURSOS EN EL SECTOR DEFENSA
A esta crisis, se viene una mas grande. La económica que arriesga el desempeño operativo de las fuerza militares y de policía, sin contar las demás organizaciones estatales dedicadas a la defensa y seguridad, como la UNP, el CTI de la Fiscalía entre otras, por la falta de recursos y que de paso, se lleva la capacidad de las organizaciones privadas autorizadas a portar armas como las empresas de vigilancia privada y otras que pertenecen al sector de defensa y seguridad.
Hace unas semanas, fue noticia nacional la falta de recursos económicos que dejaría a la Fuerza Aérea inoperante por no tener el dinero para comprar combustible para las aeronaves. La alerta se dio desde dentro de la propia fuerza, desde donde se indicaba que si al mes de julio no se tenía solución, los aviones y helicópteros de la FAC se tendrían que quedar en tierra. El anuncio contrasta, desde entonces, con la cantidad de combustible gastado por la Vicepresidente, Francia Marquez en sus vuelos cotidianos a su casa, que todavía se realizan y los múltiples viajes internacionales del presidente -mas de 22 en 10 meses, su comitiva, la propia esposa del presidente, Verónica Alcocer, quien ha viajado por Europa, Asia y Latinoamérica, y de la Vicepresidente a destinos como África; todos ellos con combustible y presupuesto de la FAC.
Pero como si esto fuera poco, se viene además recortando los presupuestos y las autorizaciones de compra de material esencial que debería destinarse para cumplir con el correcto funcionamiento de las fuerzas militares, dejando la seguridad de los ciudadanos y del país, en segundo y tercer plano de prioridad.
No solo es el combustible. Los pedidos al ministro de Defensa, Iván Velázquez, un abogado que alcanzó a ser magistrado pero que desconoce el sector defensa y su funcionamiento, no han sido escuchados, según denuncian miembros de las fuerzas militares, quienes solicitaron la confidencialidad de sus nombres. Dudan que se trate de falta de conocimiento en el sector por parte del Ministro Velázquez y comienzan a creer que se trata de una equivocada política gubernamental que vaya paralizando el accionar constitucional de las Fuerzas Armadas.
RIESGO DE QUEDARSE SIN MUNICIÓN
Y precisamente la crisis de recursos al interior de las Fuerzas Armadas es de tal magnitud, que ahora denuncian la grave situación que viven por una próximo desabastecimiento de munición, que dejaría a los efectivos armados, sin con qué defender a los ciudadanos, al país y a ellos mismos. Señalan que ya FAGECOR-INDUMIL debió suspender la venta y entrega de munición a civiles autorizados, esto es, a agencias de vigilancia, personal de blindados y carros de valores, escoltas privados autorizados, entre otros; a quienes se les ha recomendado, que se defiendan como puedan y que “busquen formas alternativas de protección“.
La alerta la tiene ahora la UNP que maneja desde el Estado la protección de personalidades en riesgo como líderes, periodistas, políticos, empresarios entre otros; que tienen aprobados los esquemas de seguridad y tienen escoltas. Entre tanto, en los cantones militares y policiales, la orden dada es a la de “ahorrar munición” de tal modo que las existencias balísticas sean utilizadas “racionalmente” toda vez que no se “debe poner en riesgo un agotamiento temprano de las reservas en las armerías“.
Explican las fuentes confidenciales, que ya se ven consecuencias, pues los efectivos militares y policiales están evitando realizar los polígonos de entrenamiento para no gastar munición. Esto, señalan, va en contra del protocolo de seguridad que debe mantener a las tropas entrenadas en tiro.
“Nosotros tenemos las municiones de reserva, ¿pero qué es lo que pasa?, nosotros con lo que tenemos no estamos haciendo polígono, por ende gastamos menos munición para evitar, de pronto, gastos innecesarios; pero le están mermando al gasto de munición, puede ser una mala señal por que el entrenamiento se ve afectado” explica una de las fuentes que reconfirmó la información obtenida por IFMNOTICIAS.
Al momento, a las agencias de vigilancia privada y a los escoltas de carros de valores, les han reducido la cuota de venta promedio que sostenían y cada vez son menos, mientras que a los escoltas privados, ya les han suspendido en gran parte del país, el suministro y, de continuar la falta de recursos para la industria balística, la alerta está sobre el Ejército y la Policía, que ahora hacen esfuerzos por ahorrar munición de sus armerías de reserva, para no quedar desabastecidos.
Por lo pronto, el tema pretende quedarse en los círculos de los pedidos internos al ministerio que, no da respuestas, pero ya existe la preocupación en los altos mandos y personal adscrito, que entiende que mientras las Fuerzas Armadas del Estado, organismos y agencias de seguridad oficial y los entes armados privados autorizados por el Estado; están en riesgo de quedarse sin munición; no pasa lo mismo en los grupos armados ilegales, grupos y bandas delincuenciales y de narcotraficantes, que tienen acceso ilegal al comercio de armas y munición; dejando a los legales, en desigualdad de condiciones para combatir a los grupos al margen de la ley, la delincuencia y proteger a los ciudadanos, comunidades y al país por falta de munición para las armas.
Una fuente identificada en INDUMIL, que es la empresa adscrita al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares cuya sigla significa Industria Militar -Indumil- encargada de fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y accesorios de voladuras por mandato constitucional; indica que en efecto la fabricación de munición está “quieta, eso no se mueve, no han traído los suministros y no han hecho absolutamente nada“; y señala que la falta de recursos, no le permite obtener la materia prima necesaria para la fabricación balística necesaria que requiere la demanda en el país.
Entre tanto, las fuentes recuerdan que cada vez es mas difícil que los ciudadanos accedan a armas y municiones y que, inclusive, se limitó el acceso a las armas de fuego, traumáticas y de fogueo; incluyendo las que son de carácter deportivo, que tienen también mayor control. Este recuerdo lo traen a colación, cuando hacen el cometario que mientras esto pasa con lo legal, “existe un creciente mercado de armas y municiones ilegales en las calles” y que son las bandas criminales y narcotraficantes las encargadas de pagar con droga los arsenales que, según dicen, “van desde simples pistolas traumáticas, hasta fusiles de alto calibre, como el que se le vio a Iván Mordiscos” en su aparición en el acto con el Gobierno en territorio de San Vicente del Caguán.
