El exsuperintendente de Salud Luis Carlos Leal reveló posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos de la salud en el caso de Coosalud EPS y su vínculo con Coosalud Inversa SAS.
Según Leal, dichas irregularidades podrían configurar presuntos delitos relacionados con el uso de estos recursos.
Leal afirmó que durante su gestión se detectaron conexiones entre las dos entidades. «El señor Jaime González era el representante legal de Coosalud EPS cuando iniciaron las indagaciones. Hay un claro nexo entre ellos», explicó.
Sin embargo, señaló que no se investigaron los accionistas de Coosalud Inversa SAS, ya que no era competencia directa de la Superintendencia.
En relación con un préstamo no pagado al banco Sudameris por parte de Coosalud Inversa SAS, Leal dijo desconocer las razones detrás del incumplimiento, pero cuestionó la transparencia en la administración de recursos públicos de la salud.
Cuestionamientos sobre la operación y supervisión
El exsuperintendente señaló que no está claro si las operaciones contaban con el aval de la junta directiva de Coosalud EPS. «No sé si eso fue aprobado, pero parece haber negligencia por parte de quienes debieron supervisar estas operaciones», afirmó.
Asimismo, mencionó un caso relacionado con Mario Urán, quien habría recibido pagos de $30 millones de pesos mensuales durante más de tres años. Según Leal, es preocupante que las directivas no estuvieran al tanto de situaciones como esta o de empresas relacionadas que operan desde paraísos fiscales.
Leal aclaró que ambas entidades son diferentes, aunque señaló que es necesario investigar el momento en que se fragmentaron y cómo se generaron dos fuentes de ingresos. «Pareciera como si en algún momento hicieran cajas cruzadas», expresó.
Leal subrayó la necesidad de implementar una reforma para evitar este tipo de irregularidades. «Es importante evitar que se realicen movimientos que desvíen los recursos de la salud hacia usos indebidos», afirmó.
Finalmente, planteó la posibilidad de una reconciliación en el marco de una reforma estructural del sistema. «Para que haya una reconciliación, es necesario garantizar verdad, justicia y reparación en casos de corrupción que han afectado históricamente a estas empresas», concluyó.
