En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro generó controversia al sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral de 2026, afirmando: “Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026”. Este pronunciamiento ha sido ampliamente comentado, pues como jefe del Estado, Petro es quien tiene la responsabilidad de garantizar la integridad de los comicios.
La declaración ha sido calificada como grave por analistas políticos, quienes cuestionan las implicaciones de que el propio Presidente plantee tal incertidumbre sobre el sistema electoral del país.
La polémica gira en torno a Thomas Greg & Sons, una empresa encargada desde hace años de dos tareas clave en Colombia: la impresión de pasaportes y la logística electoral.
Este miércoles, el Gobierno entregó a dicha empresa el contrato para organizar la logística de las elecciones del 2026. Entre las funciones que realiza la firma se incluye la distribución del material electoral, como urnas, tarjetones, formularios y demás elementos para las votaciones, tanto en Colombia como en el extranjero.
Es importante resaltar que Thomas Greg & Sons no interviene en el conteo de votos ni en la transmisión de resultados, responsabilidades que recaen exclusivamente en la Registraduría Nacional del Estado Civil. A pesar de esto, el rechazo de Petro hacia la empresa ha crecido, especialmente cuando se ha confirmado que será la encargada de la organización logística del próximo proceso electoral.
La pregunta que surge es: ¿por qué el mandatario, que ha sido parte activa del sistema electoral durante años como Concejal, Congresista, Alcalde de Bogotá y, ahora, Presidente elegido democráticamente comienza a cuestionar la legitimidad de las elecciones? Algunos analistas sugieren que esta podría ser una estrategia anticipada para sembrar dudas sobre los resultados de las próximas elecciones.
Esta táctica podría tener como fin preparar el terreno para desconocer un eventual resultado que no favorezca al actual Gobierno o incluso justificar una posible prolongación de su mandato si se argumenta que el proceso electoral estuvo viciado de fraude.
De no obtener los resultados deseados en 2026, el presidente Petro y sus seguidores podrían acusar un fraude electoral, una narrativa que él mismo ya había anticipado en varias ocasiones. Esto también podría servir como justificación para deslegitimar un gobierno que surja con políticas diferentes a las suyas, creando así un clima de inestabilidad y conflicto político, en el que se podría calificar a la nueva administración como producto de un fraude orquestado por lo que Petro ha denominado «politiqueros de alta gama». Sin embargo, si sus propios aliados ganaran las elecciones, el presidente seguramente calificaría el proceso como transparente, desvaneciendo las dudas que actualmente alimenta.
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