La entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025, expedido en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional, dejó al descubierto los nuevos precios de licores y cigarrillos en Colombia, tras la modificación de las tarifas del IVA y del impuesto al consumo que impactan directamente el valor final de estos productos en todo el territorio nacional.
La entrada en vigencia del Decreto 1474 de 2025 modificó de manera inmediata la estructura tributaria aplicada a licores y cigarrillos en Colombia, con efectos directos en los precios al consumidor y en las finanzas de los departamentos.
La medida, expedida en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno Nacional, introdujo cambios en el IVA y en el impuesto al consumo con el objetivo de incrementar el recaudo fiscal en más de 11 billones de pesos.
Uno de los ajustes centrales fue el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas, que pasó del 5% al 19%. A esto se sumó un incremento del 119% en el componente específico del impuesto al consumo, que subió de 342 pesos a 750 pesos por grado alcoholimétrico para presentaciones de 750 mililitros.
De manera adicional, el componente ad valorem del mismo tributo, calculado sobre el precio de venta antes de impuestos, aumentó del 25% al 30%. En el caso de los cigarrillos, el impuesto por cajetilla se elevó de poco más de $4.000 pesos a cifras superiores a los $11.000 pesos.
Las industrias licoreras regionales comenzaron a divulgar los nuevos precios sugeridos tras la aplicación del decreto. Según información de la Industria Licorera de Caldas y de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, el Aguardiente Amarillo de Manzanares de 750 mililitros pasó de 49.705 a 71.112 pesos, mientras que el Ron Viejo de Caldas tradicional aumentó de 54.545 a 84.604 pesos.
En el caso del Aguardiente Antioqueño, la carga impositiva por botella de 750 mililitros se ubicó alrededor de los 33.000 pesos, frente a los 17.500 anteriores. Los rones registraron incrementos superiores al 45% en el precio final. Los ajustes también alcanzaron a los licores importados.
Desde el sector productivo se advirtió que el nuevo esquema tributario tiene implicaciones sobre la sostenibilidad de la industria licorera, que representa cerca del 1,5% del PIB y genera más de 200.000 empleos directos e indirectos.
De acuerdo con cifras de la ILC, en los últimos dos años el sector aportó alrededor de 1,2 billones de pesos en impuestos, una parte significativa destinada a los departamentos. Con el nuevo decreto, esos recursos se concentran en el Presupuesto General de la Nación.
Gobernadores como el de Antioquia señalaron que una eventual caída en las ventas podría reducir los ingresos destinados a programas sociales, incluyendo proyectos de vivienda, salud y educación. En paralelo, autoridades regionales alertaron sobre el impacto en el consumo y el riesgo de expansión del mercado ilegal.
Ante esta situación, al menos 20 gobernadores manifestaron su desacuerdo con la declaratoria de emergencia económica, mientras que en el Congreso se promovió una demanda ante la Corte Constitucional para revisar la validez del decreto y sus efectos sobre la autonomía fiscal de las regiones.
