El exministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, entregó nuevos detalles sobre las presuntas presiones que recibió por parte de congresistas para realizar nombramientos en la entidad. Según su testimonio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dichas presiones incluían amenazas de obstaculizar reformas y reducir el presupuesto de la DIAN.
Uno de los señalamientos más relevantes de Reyes involucra al senador Jairo Alberto Castellanos, quien habría buscado influir en la designación de personal en la aduana de Cúcuta. De acuerdo con su declaración, Castellanos intentó condicionar su apoyo en el Congreso a cambios administrativos dentro de la entidad tributaria. Cuando Reyes se negó a ceder, el congresista amenazó con bloquear la reforma tributaria y promover recortes presupuestarios que afectarían el funcionamiento de la DIAN.
El exfuncionario también reveló que la presión no se limitó a la DIAN, sino que también se le sugirió conceder a Castellanos un puesto dentro del Fondo Nacional del Turismo -Fontur-. Reyes aseguró que documentó cada solicitud y que evitó que dichas recomendaciones se materializaran en nombramientos.
En su declaración, Reyes también afirmó que informó al presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en la asignación de recursos públicos. Según su testimonio, en una reunión del 8 de diciembre de 2023, advirtió al mandatario sobre la continuidad de prácticas de asignación de cupos indicativos para asegurar votos en el Congreso. En particular, mencionó a Andrea Ramírez, asesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como una de las personas involucradas en estas gestiones.
El testimonio de Reyes también incluyó señalamientos sobre el uso de fondos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- para la compra de votos legislativos. Se estima que alrededor de 92 mil millones de pesos fueron destinados a asegurar el respaldo a diversas reformas impulsadas por el Ejecutivo. Entre los beneficiarios de estos recursos, se menciona a los expresidentes del Senado e la Cámara, Iván Name y Andrés Calle.
Otro aspecto revelador del testimonio de exfuncionario es la supuesta conexión de algunos congresistas con el contrabando. El exfuncionario indicó que Castellanos tenía conocimiento profundo sobre el tema debido a la experiencia de su hermano, el mayor retirado Miguel Castellanos, quien fue comandante de la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena. También vinculó al embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, con intentos de influenciar nombramientos dentro de la DIAN, mencionando que uno de sus recomendados tenía presuntos lazos con Diego Marín, alias «Papá Pitufo».
Las declaraciones de Reyes también involucran a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien posteriormente fue detenida en el marco del escándalo de la UNGRD. El exdirector de la DIAN aseguró que su denuncia generó reacciones en el Gobierno, pero que solo un año después se tomaron decisiones como la salida de Bonilla del Ministerio de Hacienda.
Mientras tanto, el abogado de Castellanos ha negado las acusaciones, argumentando que las gestiones del senador se limitaron a interceder por el traslado de un funcionario dentro de la DIAN. A su vez, Barreras ha rechazado los señalamientos y ha emprendido acciones legales contra Reyes por difamación.
Este escándalo sigue en desarrollo mientras la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía continúan recopilando pruebas para determinar la veracidad de los testimonios del exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes.
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