Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la integridad de los comicios de 2026, el Estado colombiano activó la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, instancia encargada de coordinar acciones interinstitucionales de prevención, control y respuesta frente a posibles irregularidades en las elecciones de Congreso, previstas para el 8 de marzo, y presidenciales, programadas para el 31 de mayo.
La primera sesión de esta Comisión se llevó a cabo en la sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Bogotá, y contó con la participación de las principales autoridades del país en materia electoral, judicial, de control y seguridad. Entre los asistentes estuvieron la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez; así como altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó que esta articulación institucional envía un mensaje claro a la ciudadanía sobre el compromiso del Estado con la realización de elecciones libres, transparentes e íntegras. Subrayó que el enfoque central de la Comisión no es la persecución indiscriminada, sino la prevención y la pedagogía, con el fin de evitar que ciudadanos sean instrumentalizados en prácticas ilegales como la trashumancia electoral.
Desde la Fiscalía General de la Nación se informó que ya se encuentra en construcción un mapa de riesgo electoral, elaborado a partir de la integración de múltiples fuentes de información. Esta herramienta permitirá identificar territorios y factores de mayor vulnerabilidad, con el fin de focalizar acciones preventivas. Para la jornada electoral, la Fiscalía anunció la instalación de puntos de recepción de denuncias en zonas priorizadas y la habilitación de canales presenciales y virtuales que faciliten la participación ciudadana.
Penagos señaló que este mapa de riesgo será clave para la toma de decisiones de la Registraduría, ya que permitirá ubicar estratégicamente puestos y mesas de votación, reforzar la coordinación con la Fuerza Pública y los entes de control, y concentrar esfuerzos en las regiones con mayores amenazas.
En materia de seguridad, el ministro de Defensa aseguró que la Fuerza Pública garantizará la protección del 100 % de los más de 13.000 puestos de votación que se instalarán en todo el país. Además, anunció la extensión del servicio militar para fortalecer la capacidad operativa, especialmente en zonas rurales.
Por su parte, el procurador general resaltó la unidad institucional para defender la democracia e hizo un llamado a combatir la abstención y a respetar los resultados electorales. Al cierre de la sesión, el registrador nacional anunció que se programará una nueva reunión de la Comisión antes del 8 de marzo, con el fin de presentar al país un balance de las acciones adelantadas.
