La Fiscalía General de la Nación dio un paso más en la investigación del magnicidio de Miguel Uribe Turbay al anunciar que imputará cargos al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en las omisiones que rodearon el asesinato del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La audiencia de imputación fue programada para el próximo 11 de febrero de 2026 ante jueces de la República y marca un hito político y jurídico, pues es la primera vez que un alto funcionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro deberá responder penalmente por un magnicidio cometido contra un líder de la oposición.
El caso, que desde el primer momento estremeció a la opinión pública, vuelve así al centro del debate nacional. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para atribuirle a Rodríguez conductas penalmente relevantes, derivadas de su rol como máximo responsable del organismo encargado de garantizar la seguridad de personas en riesgo extraordinario por su actividad política.
Un crimen que marcó a Colombia
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado armado el 7 de junio de 2025, mientras participaba en un acto de campaña en el parque El Golfito, en el occidente de Bogotá. Un adolescente de 15 años le disparó con una pistola Glock calibre 9 milímetros, impactándolo en la cabeza y en una pierna. El senador fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado durante más de dos meses, hasta que falleció el 11 de agosto.
El magnicidio generó conmoción nacional y abrió un intenso debate sobre la seguridad de los dirigentes políticos en un contexto de creciente polarización. Desde los primeros días, surgieron cuestionamientos directos a la UNP por la presunta debilidad del esquema de protección que acompañaba al precandidato presidencial, pese a que su nivel de riesgo había sido catalogado como extraordinario.
El rol de IFMNOTICIAS en la investigación periodística
IFMNOTICIAS fue el primer medio en señalar públicamente las presuntas irregularidades en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay y la posible responsabilidad de la UNP. Desde el mismo día del atentado, este medio cuestionó el modelo de protección, un esquema que ya venía siendo objeto de críticas por el debilitamiento de la seguridad de varios precandidatos, congresistas y líderes políticos.
En un especial transmitido en directo por IFMPLAY, IFMNOTICIAS profundizó en estas irregularidades junto a Yesid Barragán, presidente del sindicato de la UNP, quien aportó elementos clave sobre el funcionamiento interno de la entidad. Antes del atentado, este medio publicó al menos diez notas informativas y de denuncia sobre los esquemas de protección; después del crimen, continuó documentando omisiones, inconsistencias y posibles responsabilidades.
Entonces, IFMNOTICIAS reveló por primera vez al país que Miguel Uribe había elevado más de 33 solicitudes formales para que su esquema fuera reforzado, se le dotara de acompañamiento en otras ciudades en medio de las fuertes amenazas y la exposición pública de riesgo que tenía Miguel.
En medio de las investigaciones, el país pudo conocer los documentos, los correos electrónicos y la información pertinente con los llamados hechos por Miguel Uribe Turbay al director de la UNP, Augusto Rodríguez, hoy presto a ser imputado por omisión y negligencia, mientras que el presidente Gustavo Petro, enfilaba sus mensajes de odio contra Uribe Turbay.
Las omisiones bajo la lupa de la Fiscalía
Tras las denuncias de IFMNOTICIAS se inició también la investigación de la Fiscalía promovida por las solicitudes y pruebas aportadas por el bufete de abogados de Víctor Mosquera, que apoya a la familia de Miguel Uribe. Según el ente acusador, la imputación contra Augusto Rodríguez se fundamenta en una cadena de advertencias, solicitudes formales y evaluaciones de riesgo que, presuntamente, no fueron atendidas de manera adecuada por la UNP. La Fiscalía asegura contar con comunicaciones internas, documentos oficiales y testimonios que demostrarían que, durante meses, se pidió de manera reiterada el fortalecimiento del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay.
Por estos hechos, Rodríguez será imputado por los delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por omisión. La tesis de la Fiscalía es que la falta de acción, pese a la obligación legal de actuar, contribuyó a crear un escenario de vulnerabilidad que facilitó el ataque.
Fuentes del ente investigador explicaron que la imputación se produce tras una revisión exhaustiva del material probatorio, incluyendo informes técnicos de riesgo, solicitudes elevadas por el equipo del senador y análisis sobre el contexto de amenazas que enfrentaba.
El papel de la defensa de la familia
El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay, ha sido una de las voces más insistentes en señalar las presuntas fallas de la UNP. De acuerdo con Mosquera, en más de diez oportunidades se omitió ofrecer una protección adecuada al precandidato presidencial, a pesar de las advertencias constantes sobre el aumento del riesgo.
“El juez consideró que efectivamente a Miguel Uribe Turbay no le dieron la protección adecuada y que hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto de su seguridad”, afirmó Mosquera en declaraciones previas. Posteriormente, precisó que solo en 2025 se presentaron más de 23 solicitudes formales para reforzar el esquema, siendo la última de ellas radicada el 5 de junio, apenas dos días antes del atentado.
Según el abogado, las respuestas de la UNP se limitaban a comunicaciones repetitivas, sin que se tradujeran en acciones concretas de fortalecimiento del esquema. Estas afirmaciones fueron incorporadas al expediente que hoy sustenta la imputación.
En un comunicado, el bufete de Mosquera celebró la fijación de la audiencia de imputación contra Augusto Rodríguez y se comprometió con continuar buscando la verdad de lo ocurrido.
Un funcionario cercano al poder
La relevancia del caso también radica en el perfil del funcionario imputado. Augusto Rodríguez no es un director más de la UNP. Es un hombre cercano al presidente Gustavo Petro y con un pasado vinculado al movimiento M-19, del cual también hizo parte el actual mandatario. Esa cercanía política ha llevado a que el proceso sea interpretado, además de un asunto penal, como una prueba de fuego para la independencia de la justicia frente al poder ejecutivo.
El señalamiento contra Rodríguez se produce en un momento de alta sensibilidad política, cuando distintos sectores cuestionan la eficacia del Estado para proteger a líderes de oposición y figuras expuestas por su rol público.
Según cómo se desarrollen las audiencias y se aporten las pruebas, podrían ser despejadas las dudas que están sembradas sobre la muerte de Miguel Uribe, del que muchas voces creen que se trató de un plan gubernamental calculado que comenzó con el debilitamiento del esquema de seguridad desde la UNP, donde Rodríguez podría tener gran parte de la responsabilidad para facilitar el magnicidio.
La pregunta que ronda y que muchos temen hacer, pero que es insistente en boca de su padre Miguel Uribe Londoño, es si el asesinato de Miguel Uribe Turbay, fue un crimen de Estado, ordenado por el presidente Gustavo Petro o por alguien en las más altas esferas del poder, ante el odio destilado por el mandatario contra su hijo a través de las redes sociales. La respuesta podría estar en el juicio que se le adelante al director de la UNP, Augusto Rodríguez.
La defensa de la UNP
Ante los señalamientos, el director de la UNP ha defendido públicamente la actuación de la entidad. Rodríguez aseguró que se cumplieron todos los protocolos establecidos y que la responsabilidad recaería, en parte, en decisiones adoptadas dentro del propio esquema de seguridad del senador.
“Atacan al Gobierno; dicen que el presidente es responsable por haber polarizado. Dicen que la UNP no actuó como debería actuar, que hubo negligencia. Cuando la UNP, lo digo y afirmo, hizo todo lo que tenía que hacer: cumplió con su deber, cumplió con todos los protocolos, suministró las personas de protección con su armamento y los vehículos de modelos recientes”, afirmó el funcionario. También señaló que algunas decisiones tomadas en coordinación con el propio Miguel Uribe y su jefe de esquema pudieron resultar negativas.
Estas explicaciones, sin embargo, no convencieron ni a la familia del senador ni a su partido político. El Centro Democrático ha insistido en que el esquema era claramente insuficiente para el nivel de amenaza que enfrentaba su precandidato y las negativas a las solicitudes de Uribe Turbay a la UNP, refuerzan la teoría.
Un riesgo advertido con antelación
Uno de los elementos clave del proceso es que la UNP había clasificado el riesgo de Miguel Uribe Turbay como extraordinario desde 2023. En 2024, cuando oficializó su aspiración presidencial, ese nivel de riesgo no se tradujo en un aumento proporcional de las medidas de protección, según la investigación.
A este contexto se sumaban seguimientos, mensajes intimidatorios, llamadas amenazantes y una escalada de agresiones en redes sociales. La Fiscalía considera que este entorno hostil fue determinante en el crimen y que la falta de reacción institucional contribuyó a que el atentado se materializara.
Un precedente judicial y político
La imputación contra Augusto Rodríguez abre un precedente de enorme alcance. No solo pone en entredicho la gestión de la UNP, sino que plantea interrogantes de fondo sobre la responsabilidad del Estado en la protección de la vida de quienes participan en la contienda política.
El proceso judicial se desarrollará en un país aún marcado por la violencia política y por la desconfianza en las instituciones. El 11 de febrero de 2026 será una fecha clave para determinar hasta dónde llega la responsabilidad penal de un alto funcionario y si este caso se convierte en un punto de inflexión en la forma en que el Estado colombiano asume la protección de sus líderes.
Por ahora, la Fiscalía ha dejado claro que, a su juicio, hubo una cadena de alertas ignoradas. La justicia tendrá la última palabra, pero el magnicidio de Miguel Uribe Turbay ya dejó una huella profunda en la historia política reciente de Colombia y reabrió una discusión que trasciende este caso sobre quién responde cuando el Estado falla en su deber más básico, proteger la vida.
