La primera parte de este especial documentó el desgaste institucional que atraviesa la operación directa del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tras el fin de la concesión privada. Allí se expusieron tensiones administrativas, dudas sobre la capacidad de la Aerocivil para asumir la gestión integral del aeropuerto y la ausencia de un cronograma claro para una nueva estructuración contractual.
Tras este análisis inicial hecho por IFMNOTICIAS, el cual no solo es un problema de gestión interna, sino que abrió paso a nuevos interrogantes sobre estabilidad operativa y planificación pública.
Ahora el foco se centra hacia las consecuencias económicas y jurídicas que ya comienzan a materializarse en contratos vigentes dentro del aeropuerto, particularmente en la relación entre la entidad estatal y sus arrendatarios.
La mención que encendió la alerta
IFMNOTICIAS consultó a la gerente del aeropuerto de Cali, Katherine Pulecio sobre la situación de los arrendatarios, quien explicó que la entidad opera bajo las restricciones de la ley de garantías electorales y que, en ese marco, no es posible suscribir contratos nuevos.
Aseguró que las solicitudes radicadas por operadores comerciales se están respondiendo dentro de los términos legales y que la administración pública no contempla prórrogas automáticas.
La funcionaria enfatizó que la administración aeroportuaria no tiene la obligación jurídica de renovar automáticamente los contratos comerciales que llegan a su vencimiento. Señaló que cada expediente se evalúa de manera individual y que cualquier decisión debe ajustarse a criterios administrativos, técnicos y presupuestales definidos por la Aerocivil.
Según su explicación, la entidad conserva la facultad de renovar o no contratos dependiendo de las necesidades operativas del aeropuerto y de la planeación institucional vigente. Al abordar de manera general la situación de los arrendatarios, Pulecio mencionó el caso de la empresa que opera la publicidad del aeropuerto, Efectimedios, señalándolo como un ejemplo de los contratos actualmente en revisión.
Pulecio indicó que, en caso de que se considere una prórroga, los trámites administrativos pueden adelantarse incluso después de la fecha de vencimiento del contrato, siempre que la documentación requerida se radique y cumpla los requisitos formales.
Según su versión, este tipo de procedimientos no es inusual en la gestión pública y responde a los tiempos internos de evaluación jurídica y presupuestal. La funcionaria insistió en que la entidad actuará dentro del marco legal y que las respuestas oficiales a los arrendatarios se emitirán dentro de los plazos establecidos por ley, que pueden extenderse hasta 15 días hábiles.
Reconoció que esos tiempos coinciden con fechas cercanas al vencimiento de varios contratos, pero sostuvo que la Aerocivil debe ceñirse estrictamente a los procedimientos administrativos, pero no profundizó en las consecuencias que sufrirán los arrendatarios, luego que la propia funcionaria pusiera el caso de los espacios publicitarios.
¿Se quedará sin espacios publicitarios el aeropuerto?
Tras la mención de la funcionaria sobre Efectimedios, IFMNOTICIAS indagó el caso de este arrendatario en concreto, resultando ser uno de los muchos que existen y que aparentemente podían ser vulnerados por parte de la administración y que pretende desconocer el historial de quienes han invertido millonarios recursos para aportar a un aeropuerto de tanta importancia como lo es el Bonilla Aragón.
En este caso, el contrato corresponde al uso de espacios publicitarios dentro del aeropuerto. Se trata de un esquema donde el operador privado instala infraestructura tecnológica, comercializa los espacios y paga a la Aerocivil un canon mensual o un porcentaje sobre ingresos. No es un arriendo tradicional, sino que se trata de un contrato de inversión amortizable.
Es decir, la empresa arrendataria asume la totalidad de la inversión en pantallas, sistemas eléctricos y redes técnicas. El Estado no financia la infraestructura inicial, sino por el contrario, sus ganancias provienen del flujo mensual que paga el operador. El modelo, se basa en el tiempo que le permite al arrendatario, amortizar su inversión antes de poder percibir ganancias, mientras que el aeropuerto, si ve los beneficios, desde el primer día y por el tiempo que se presete el servicio informativo de pantallas y publicidad.
IFMNOTICIAS se contactó con Efectimedios y la preocupación fue evidente. Surge porque el contrato está próximo a vencerse y, aún no existe una definición formal sobre prórroga o nuevo proceso de contratación, pese a que meses atrás se presentó una propuesta de modernización tecnológica de alto valor económico.
El silencio de la nueva administración, hace que los planes estratégicos planteados, no permitan tener continuidad, arriesga la infraestructura ya instalada del aeropuerto y pone en riesgo al arrendatario en su proceso de amortización de la inversión, por cuenta de la inseguridad jurídica, que solo dejaría un mensaje negativo de cara a nuevos proponentes o arrendatarios.
Si el contrato termina sin transición técnica, la infraestructura ya instalada, que es propiedad privada, tendría que ser desmontada. Reinstalar un sistema nuevamente equivalente puede tardar más de un año y obligar a altos costos. Durante ese tiempo, los servicios informativos y de divulgación publicitaria se detienen y los usuarios quedan sin el servicio.
En este caso concreto, el impacto no es simbólico, ya que implica, la suspensión de ingresos para la Aerocivil, la interrupción de la operación informativa y comercial en el aeropuerto, pone en riesgo de litigios por equilibrio económico entre arrendatarios y la Aerovicil y genera como consecuencia, una pérdida de continuidad operativa significativa.
Desde la óptica fiscal, la ausencia de planeación contractual puede traducirse en pérdida directa de recursos públicos. La investigación reafirmó lo que se reveló en la primera parte de esta investigación, sobre la falta de preparación que tienen la Aerocivil en la administración de grandes aeropuertos, sobre todo los que son estratégicos para el país, como el caso de el de Cali y Barranquilla; otro aeropuerto que vive una situación similar.
Derechos de petición y tensión administrativa
Operadores consultados aseguran haber radicado derechos de petición y solicitudes de celeridad sin obtener definiciones claras. La gerente del aeropuerto sostiene que la entidad responde dentro de los plazos legales y que se actúa bajo lineamientos del Gobierno nacional ahora que funcionan como otra entidad del Estado; no obstante esta versión ha sido rechazada por varios arrendatarios, que señalan que lo vue viven es extensiones extemporáneas de las respuestas a los recursos mediante maniobras que no les protegen los derechos.
La tensión surge entre la legalidad formal de los tiempos administrativos y la urgencia operativa de contratos que vencen en cuestión de días. El silencio administrativo, no tiene líneas de interpretación y por el contratio pone en riesto la infraestructura crítica, pues la demora administrativa tiene consecuencias económicas inmediatas.
IFMNOTICIAS intentó obtener información adicional de otras dependencias de la Aerocivil, sin mebargo, la entidad indicó que cualquier pronunciamiento se canalizará exclusivamente a través de su oficina de comunicaciones, en una clara evasión a las preguntas puntuales.
La advertencia jurídica
Consultando a expertos en temas contractuales, el abogado que representa a uno de los arrendatarios afectados sostiene que el escenario ya superó la fase de incertidumbre administrativa y entró en una dimensión jurídica concreta.
Según explicó, la Aerocivil habría suscrito el 30 de enero un convenio interadministrativo con una entidad denominada Intic, en un tipo de mainiobra que, por ejemplo en el caso de Medellín, ha dejado a mas de 45 personas y contratistas imputados por prácticas de desvío de contratos a través de convenios administrativos.
De acuerdo con la versión del abogado, la firma del convenio se habría conocido semanas después, sin que hasta ahora el arrendatario reciba notificación oficial sobre la terminación o no prórroga de su contrato, pese a que este vence a finales de febrero.
El jurista afirma que el operador no reclama una prórroga automática, sino el cumplimiento del marco legal que rige la contratación pública. A su juicio, la ausencia de comunicación oficial impide tomar decisiones operativas y financieras en un contrato que involucra infraestructura privada instalada en un activo estratégico del Estado.
También advierte que, si el contrato termina sin transición técnica, la infraestructura se retira y el nuevo operador tendría que instalar un sistema completo desde cero. En su análisis, esa interrupción no solo afectaría al arrendatario, sino al flujo de ingresos del aeropuerto, lo que podría ser considerado, detrimento patrimonial.
El abogado insiste en que la discusión no gira alrededor de un derecho adquirido a la renovación, sino alrededor de la obligación estatal de actuar con certeza, transparencia y planeación administrativa. Señala que la ley permite a la entidad decidir si renueva o no un contrato, pero no la habilita para omitir definiciones que generen daños económicos previsibles.
Más allá del caso puntual de Efectimedios, arrendatarios consultados describen un ambiente de incertidumbre contractual en todos los ámbitos, entre ellos de espacios, de logística y de operatividad. Empresas que operan locales comerciales, servicios especializados y contratos técnicos afirman no tener claridad sobre prórrogas o nuevos esquemas de vinculación.
La falta de horizonte impide proyectar inversiones, contratar personal o planificar operaciones. En infraestructura crítica como los aeropuertos, la continuidad contractual es un factor de estabilidad operativa. Cuando esa continuidad se vuelve incierta, el riesgo se traslada al usuario final.
Un antecedente que pesa
En paralelo a la discusión contractual, comienza a circular entre operadores la hipótesis de que la entidad podría estar utilizando figuras interadministrativas para sostener operaciones durante el periodo de restricciones electorales.
Especialistas en derecho administrativo advierten que cualquier arquitectura jurídica utilizada en ley de garantías debe resistir escrutinio disciplinario y fiscal.
Un antecedente institucional alimenta la preocupación. Años atrás, en Medellín, durante la administración de Daniel Quintero, al menos cuarenta funcionarios y contratistas fueron vinculados a procesos judiciales por la adjudicación de convenios interadministrativos que habrían servido para tercerizar contratos fuera de los tiempos permitidos. Hoy varios de esos funcionarios enfrentan imputaciones por corrupción.
El antecedente no implica equivalencias automáticas, pero sí instala una advertencia institucional en cuanto al uso de convenios interadministrativos en contextos electorales es un terreno de alto riesgo jurídico.
La transición del aeropuerto entra así en una etapa donde la discusión deja de ser administrativa y se convierte en estructural. Ingresos públicos, estabilidad contractual y arquitectura jurídica convergen en un mismo punto crítico.
