El 6 de noviembre de 1985, Colombia vivió una de las jornadas más sangrientas de su historia reciente. El grupo guerrillero M-19, Movimiento 19 de Abril, ejecutó un asalto armado al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, con el propósito de tomarse por completo la sede del poder judicial y realizar un “juicio político” al entonces presidente Belisario Betancur. Durante casi 28 horas de enfrentamientos entre los insurgentes y las Fuerzas Armadas, murieron más de un centenar de personas, incluidos 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consejeros de Estado, empleados judiciales, soldados, policías y civiles.
El ataque fue planificado minuciosamente por el M-19, una organización armada de orientación socialista y bolivariana fundada en 1970, que ya había protagonizado secuestros, asaltos y ataques militares en nombre de la “revolución popular”. Sin embargo, este golpe superó todos los límites de violencia urbana conocidos hasta entonces.
El plan y su financiación. El vínculo con el Cartel de Medellín
Los archivos judiciales, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y los testimonios recopilados en la Comisión de la Verdad sobre los hechos coinciden en señalar que la operación “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, nombre con el que el M-19 bautizó la toma, fue financiada en gran parte por el Cartel de Medellín, organización criminal liderada por Pablo Escobar Gaviria.
El objetivo del cartel era eliminar los expedientes de extradición a Estados Unidos que se encontraban en la Corte Suprema de Justicia, donde se tramitaban procesos contra capos del narcotráfico. A cambio del apoyo logístico y financiero, el M-19 recibiría recursos para rearmarse y seguir su lucha política.
Según documentos revelados en los años noventa por la Fiscalía, así como por las declaraciones del exmiembro del M-19, Rosemberg Pabón Pabón, alias “Comandante Uno”, la alianza se concretó tras varias reuniones secretas entre emisarios del cartel y mandos del M-19 en Medellín. El financiamiento incluyó dinero, armas, explosivos y vehículos. El propio general Miguel Vega Uribe, entonces ministro de Defensa, reconoció años después que las autoridades tenían información previa sobre el flujo de recursos provenientes del narcotráfico hacia la guerrilla urbana.
La ejecución del asalto. Una operación militar dentro de la capital
A las 11:35 de la mañana del 6 de noviembre, un camión cargado con guerrilleros del M-19 irrumpió violentamente en el Palacio de Justicia por el sótano del estacionamiento. En total, 35 insurgentes armados con fusiles Galil, ametralladoras M-60, granadas y explosivos se tomaron el edificio. Entre ellos se encontraban comandantes históricos del movimiento, como Luis Otero Cifuentes, Andrés Almarales y Alfonso Jacquin.
En minutos, el grupo se apoderó de los pisos bajos, asesinó a varios guardias y tomó como rehenes a Magistrados, empleados y visitantes. En el cuarto piso, los insurgentes forzaron la reunión del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, y del Consejo de Estado. El magistrado Reyes Echandía intentó mediar con las autoridades, pidiendo un cese al fuego que nunca llegó.
Las primeras unidades del Ejército Nacional rodearon el edificio hacia el mediodía. El presidente Belisario Betancur ordenó que la recuperación se hiciera “por la vía militar”, al considerar que no había margen para una negociación política con un grupo armado dentro del corazón del Estado.
Durante la tarde y la noche del 6 de noviembre, la sede judicial fue escenario de intensos combates. Los guerrilleros se atrincheraron en los pisos superiores, mientras el fuego cruzado consumía las salas y archivos. Un incendio devastador comenzó en la madrugada del 7 de noviembre, destruyendo parte de los expedientes y dejando calcinados a decenas de cuerpos.
El Ejército retomó el control total del edificio hacia las 3:00 de la tarde del 7 de noviembre, después de casi 28 horas de enfrentamientos. Los principales cabecillas del M-19 murieron durante la operación, y varios rehenes fueron hallados sin vida en los escombros.
Las víctimas. El sacrificio del poder judicial
El saldo final fue trágico, 94 muertos oficialmente registrados, aunque otras fuentes hablan de más de 100, incluyendo 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2 magistrados del Consejo de Estado, funcionarios judiciales, visitantes y empleados de cafetería. Entre las víctimas estaban los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Manuel Gaona Cruz, Ricardo Medina Moyano, Fabio Calderón Botero y otros reconocidos juristas.
El impacto institucional fue devastador. El país perdió la memoria jurídica acumulada durante años, incluyendo expedientes clave sobre narcotráfico y derechos humanos. La justicia colombiana quedó descabezada, y la confianza en las instituciones sufrió un golpe del que tardaría décadas en recuperarse.
Responsabilidades del M-19. Los hechos documentados
Las investigaciones judiciales, incluyendo las sentencias del Consejo de Estado, la Corte Suprema y los informes de la Comisión de la Verdad del Estado colombiano, han establecido que la responsabilidad inicial y directa del asalto recae en el M-19. El grupo guerrillero planeó, coordinó y ejecutó la toma con conocimiento de sus consecuencias.
El propio M-19 reconoció su autoría poco después, a través de comunicados leídos en la emisora clandestina “Radio Noticias del M-19”, justificando el ataque como una “acción política” contra el gobierno de Betancur, al que acusaban de traicionar los acuerdos de paz en curso.
Sin embargo, los documentos posteriores y los testimonios de desmovilizados demostraron que el propósito real fue doble, entre lo político y lo económico. Mientras la guerrilla pretendía ganar visibilidad, el Cartel de Medellín aprovechaba la operación para destruir los expedientes de extradición y enviar un mensaje de terror al Estado colombiano.
El rol del Cartel de Medellín y la conexión con Pablo Escobar
La relación entre el M-19 y el Cartel de Medellín fue objeto de múltiples investigaciones. En los años noventa, el exministro de Justicia Rodrigo Lara Restrepo, asesinado por sicarios del cartel en 1984, había advertido del acercamiento entre grupos subversivos y narcotraficantes. Posteriormente, informes de inteligencia confirmaron que Escobar Gaviria había financiado parte de la operación, a través de intermediarios que facilitaron armas y logística.
El periodista y analista Ricardo Calderón, en investigaciones publicadas por Semana y El Tiempo, documentó testimonios de exintegrantes del M-19 que reconocieron el apoyo económico del narcotráfico. Uno de ellos afirmó: “Nos dijeron que había un interés de los narcos en que desaparecieran los expedientes. Nosotros necesitábamos plata y armas; ellos querían silencio judicial”.
La Fiscalía General de la Nación, en su investigación de 1999, concluyó que existieron “indicios sólidos” del financiamiento proveniente del cartel, aunque varios de los responsables ya habían muerto o se encontraban fuera del país.
Consecuencias y memoria
La toma del Palacio de Justicia dejó una huella indeleble en la historia de Colombia. No solo significó el sacrificio de toda una generación de juristas, sino que mostró la capacidad destructiva del terrorismo y la alianza entre crimen organizado y subversión armada.
El M-19 se desmovilizó años después, en 1990, tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco. Sus líderes supervivientes ingresaron a la vida política, algunos de ellos ocupando cargos públicos. Pero el recuerdo de la masacre del Palacio continúa siendo un punto oscuro en la memoria nacional.
Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y la sociedad civil han exigido verdad completa y reparación. En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por las desapariciones forzadas ocurridas durante la retoma militar, pero también reconoció la responsabilidad inicial del M-19 en el ataque armado.
Cuarenta años después, el Palacio de Justicia sigue siendo símbolo del horror y del valor institucional. La tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985 fue el punto más alto de una época en que el narcotráfico, la insurgencia y la debilidad estatal coincidieron para poner a prueba la democracia colombiana. Lo que la historia también recordará es que para esta conmemoración de los 40 años de la sangrienta toma por parte del M-19, el presidente es un miembro del M-19.
