Una alerta lanzada por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez encendió las alarmas sobre un escandaloso convenio propuesto entre el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) habría buscado acceder a datos financieros sensibles y privados de magistrados, jueces y fiscales. La propuesta, contenida en el documento DT2025-03, finalmente fue rechazada por la Judicatura.
Según lo expuesto en la columna del exfiscal, la iniciativa representaba un riesgo grave para la independencia judicial y se enmarcaba en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial. El convenio habría permitido que la UIAF consultara información financiera amparada por reserva legal, con el argumento de labores de inteligencia en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La propuesta citaba el artículo 42 de la Ley Estatutaria 1621 de 2013, que faculta a los organismos de inteligencia a establecer convenios interinstitucionales para el acceso a información confidencial. Sin embargo, para diversos sectores, el alcance del convenio sugería un intento del Gobierno de “monitorear” a miembros del poder judicial bajo el presunto manto de la legalidad, pero sin una justificación clara ni proporcional.
El documento establecía que la UIAF no utilizaría la información con fines comerciales y se comprometía a respetar los protocolos de seguridad de datos. A su vez, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se obligaba a facilitar el acceso a sistemas de registros, proteger la identidad de agentes de inteligencia y garantizar el flujo de información requerida. El marco legal invocado incluía la Ley 526 de 1999, la Ley 1581 de 2012 y otras disposiciones de reserva.
El exfiscal Martínez contextualizó el convenio en lo que describe como un ambiente de presión constante del Ejecutivo hacia las altas cortes. Recordó pronunciamientos del presidente Gustavo Petro en los que ha criticado abiertamente decisiones judiciales, cuestionado la legitimidad de magistrados e incluso acusado a la justicia de formar parte de un supuesto “golpe blando” contra su gobierno.
Martínez advirtió que este tipo de iniciativas, más que fortalecer la lucha contra el delito, pueden debilitar la institucionalidad democrática. “No es acechando a los jueces como se combate la criminalidad económica”, afirmó en su columna.
