Tras la publicación de una serie de grabaciones en las que se escucha al excanciller Álvaro Leyva hablar sobre un supuesto plan para remover al presidente Gustavo Petro, distintas figuras del panorama político colombiano reaccionaron con llamados a la investigación y judicialización del exfuncionario.
Las grabaciones, reveladas por El País de América, señalan que Leyva habría sostenido reuniones con personas cercanas al expresidente estadounidense Donald Trump, supuestamente con el fin de gestar un acuerdo que llevara a la salida de Petro y facilitara la llegada de Márquez al poder. La noticia detonó una ola de reacciones desde diferentes sectores.
Desde el Gobierno, el jefe de Gabinete, Alfredo Saade, señaló que se trata de un caso de «traición a la patria» y pidió que tanto Leyva como quienes hayan participado en la supuesta conspiración sean judicializados. La expresión «traidor de la patria» se repitió en varias de las declaraciones oficiales.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, expresó su repudio y señaló que los hechos descritos en los audios configuran un acto de traición. Por su parte, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, afirmó que las acciones atribuidas a Leyva representan una amenaza directa contra la democracia e institucionalidad colombianas.
La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, recordó que el presidente Petro ya había solicitado en mayo una investigación por sedición contra Leyva y pidió que la Fiscala actúe frente a lo que calificó como instigación a un golpe de Estado.
En el mismo tono, el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, calificó el supuesto plan como una «afrenta a la democracia» y preguntó por los intereses que podrían estar operando tras bambalinas.
Mientras tanto, desde el Congreso, legisladores como Angélica Lozano pidieron un rechazo conjunto desde el Gobierno, la oposición y los sectores independientes ante lo que denominó como «atentado contra la democracia». En línea similar, Humberto de la Calle señaló que las revelaciones son «muy graves» y que hay que diferenciar entre la crítica política y la conspiración.
Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó los supuestos pactos entre Leyva y el gobierno Petro con actores armados ilegales, insinuando que las revelaciones podrían ser solo una parte de un entramado más amplio.
Por otro lado, algunas voces centraron su atención en la vicepresidenta. El exembajador Moisés Ninco Daza instó a Francia Márquez a pronunciarse sobre los audios en los que Leyva asegura estar «detrás de ella» para que asuma la Presidencia. El periodista Vicky Dávila también se desmarcó, tras ser mencionada por Leyva como posible interlocutora con sectores estadounidenses, y afirmó que no tiene ninguna relación con ese tipo de iniciativas.
Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social y actual precandidato presidencial, calificó la supuesta intención de golpe de Estado como un hecho «ruin» y «delictivo», mientras que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los hechos descritos en las grabaciones se enmarcan como delitos contra la democracia.
Una de las menciones que más eco generó fue la que apareció en los audios, donde el excanciller Leyva habría usado el nombre de la periodista Vicky Dávila como supuesta “interlocutora válida” en sus acercamientos con sectores políticos. La aludida respondió directamente a través de su cuenta en X:
“No tengo nada que ver con estas ideas del excanciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta ‘interlocutora válida’, en su imaginario, para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos.”
Mientras las declaraciones se multiplican, el debate político gira ahora en torno a las posibles implicaciones judiciales de las grabaciones y la urgencia de determinar si lo revelado configura una tentativa real de alterar el orden constitucional.
