Tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, surgen nuevas denuncias sobre la presunta desatención por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a los reiterados pedidos de refuerzo en su esquema de seguridad.
Según voceros del equipo político del senador, Uribe habría solicitado en más de 20 ocasiones el fortalecimiento de su dispositivo de protección, sin obtener respuesta positiva. Las peticiones habrían sido elevadas directamente a los directivos de la UNP, quienes, según la denuncia, rechazaron sistemáticamente todas las solicitudes.
Actualmente, Uribe permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe, donde se encuentra bajo estricta observación médica, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional adelantan la investigación para esclarecer los hechos y dar con los autores intelectuales del ataque.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño, también del Centro Democrático, fue uno de los primeros en denunciar públicamente la aparente negligencia de la UNP. “Durante meses se pidió que se evaluara el riesgo al que estaba expuesto el senador Uribe, pero nunca hubo una respuesta favorable. Hoy estamos viendo las consecuencias de esa falta de acción”, expresó.
Cuestionamientos al manejo interno de la UNP
El caso ha reactivado las críticas hacia la administración de la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de salvaguardar la vida de líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y otras personas en riesgo. Desde hace meses, la UNP ha sido blanco de cuestionamientos por decisiones internas, denuncias sindicales y señalamientos sobre irregularidades operativas.
Uno de los temas más controvertidos ha sido la incorporación de más de 300 escoltas provenientes de grupos armados desmovilizados, en especial de las antiguas FARC. Aunque el gobierno ha defendido esta política como parte del proceso de reintegración, sectores de la oposición han manifestado preocupación por los antecedentes de algunos de estos funcionarios y su idoneidad para desempeñar funciones de seguridad; pues justo quienes hoy protegen a los líderes de la oposición, son los que han buscado atentar contra ellos.
Casos previos revelados por medios de comunicación y denunciados por organismos de control han vinculado a escoltas de la UNP en actividades ilegales, incluyendo el transporte de armas, drogas, dinero en efectivo, e incluso guerrilleros activos. A esto se suman los conflictos internos denunciados por el sindicato de la entidad, que ha señalado prácticas de nepotismo, favoritismos y decisiones administrativas opacas.
Director de la UNP también bajo la lupa
La figura del actual director de la entidad, Augusto Rodríguez, ha sido objeto de controversia. Rodríguez es desmovilizado del antiguo grupo insurgente M-19, y aunque su designación fue defendida por el gobierno como un símbolo de reconciliación, sectores opositores cuestionan su pasado y han pedido una evaluación más rigurosa de su gestión.
Por ahora, la denuncia del equipo de Miguel Uribe reabre el debate sobre la capacidad de la UNP para responder a las amenazas reales que enfrentan líderes políticos en el país, y deja en evidencia la necesidad urgente de revisar los criterios de evaluación de riesgo y asignación de esquemas de protección.
