El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha vuelto a encender el debate político tras su reciente pronunciamiento contra el Consejo de Estado. En esta ocasión, Quintero arremetió por la decisión de anular la curul de Juan Carlos Upegui, su aliado político y candidato a la Alcaldía de Medellín, señalando que esta es una nueva muestra de una supuesta persecución política contra su movimiento “Independientes”.
En su declaración, Quintero afirmó que Upegui, quien obtuvo la segunda votación más alta en la contienda electoral, fue despojado de su curul debido a un tecnicismo. Según el exalcalde, la inhabilidad de Upegui fue decretada bajo el argumento de que su padre era rector de un colegio en Medellín, algo que considera desproporcionado y sin impacto real en los resultados de la elección. Quintero también criticó que no se haya cumplido con la Convención Americana, que establece que solo un juez penal puede suspender derechos políticos.
Pero las críticas de Quintero no se quedaron ahí. En un tono de confrontación, señaló al Consejo de Estado por presuntamente tener vínculos políticos, recordando que la misma institución ternó al gerente de campaña de Federico Gutiérrez para la Procuraduría, sugiriendo una trama de intereses que, según él, perjudican a su movimiento. Asimismo, mencionó el reciente fallo que destituyó al alcalde de Apartadó, también del movimiento “Independientes”, acusándolo de doble militancia.
Sin embargo, las declaraciones de Quintero parecen ser una estrategia recurrente ante los múltiples escándalos que han afectado a su administración y a su círculo cercano. Esta semana ha sido especialmente difícil para el exalcalde: primero, la destitución del alcalde de Apartadó; luego, el anuncio de un juicio disciplinario contra su exsecretario de comunicaciones por irregularidades en contratos; y ahora, la nulidad de la elección de Upegui.
Es importante recordar que Quintero, a lo largo de su mandato, ha sido objeto de múltiples denuncias por corrupción y mala gestión. Su estilo de gobierno, marcado por prácticas cuestionables y la promoción de figuras cercanas, ha generado investigaciones que ahora involucran a más de 20 exfuncionarios de su administración, algunos ya imputados.
Como es habitual, cada vez que se presenta un revés legal o una investigación en su contra, Quintero recurre a señalar que se trata de una persecución política. Sin embargo, los hechos apuntan a una administración plagada de irregularidades, donde las decisiones del Consejo de Estado y otras instituciones parecen más bien consecuencias de violaciones claras a la ley, que manifestaciones de una agenda política.
Quintero ha prometido “arreglar la justicia en Colombia” de cara a 2026, año en que parece proyectar su regreso al escenario electoral. Sin embargo, la acumulación de fallos judiciales en su contra y la creciente lista de colaboradores investigados, pone en entredicho su capacidad de liderar sin estar constantemente bajo el manto de la sospecha.
La pregunta que surge, entonces, es si Quintero realmente es víctima de un sistema judicial selectivo o si, por el contrario, está enfrentando las consecuencias de sus propios actos.
