El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que presentará una demanda ante el Consejo de Estado en cuanto el Gobierno expida el decreto que convocaría a una consulta popular sobre los derechos laborales de los trabajadores.
La iniciativa presidencial, según fuentes oficiales, será firmada por todos los ministros en las próximas horas.
“Una vez salga este decreto lo voy a demandar ante el Consejo de Estado”, señaló Ruiz en declaraciones concedidas en una entrevista reciente, reiterando que ya cuenta con el documento jurídico correspondiente para solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
Desde el Gobierno, se adelantan los trámites necesarios para la expedición del decreto, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara su inconformidad con la forma en la que el Senado de la República tramitó la votación de la consulta. De acuerdo con versiones conocidas en las últimas horas, el Ejecutivo considera que en dicha votación se habrían presentado irregularidades.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto incluirá directrices precisas sobre la conformación y funcionamiento de los comités ciudadanos encargados de liderar las campañas a favor y en contra de la consulta. Además, el documento establecería la fecha exacta en la que se llevará a cabo la jornada electoral.
Ruiz manifestó su oposición al mecanismo anunciado por el presidente Petro. “En cuanto este decreto ilegal sea emitido, tomaré las acciones necesarias desde mi activismo judicial para frenar los intentos dictatoriales del presidente Gustavo Petro. No se trata de una consulta, se trata de un golpe institucional disfrazado. Imponer por decreto lo que el Congreso negó es una violación flagrante al Estado de Derecho. Yo voy a ponerle freno a este atropello. Nuestra Constitución se respeta”, declaró el exfuncionario.
Durante la ceremonia de escalafonamiento de oficiales navales de la Armada Nacional, en Cartagena, el presidente Petro ya había anticipado su intención de convocar la consulta, al señalar que los hechos recientes en el Congreso obligarían a retomar el debate mediante una nueva votación.
Sectores políticos y jurídicos permanecen atentos a la publicación oficial del decreto y a las posibles acciones legales que se deriven de su contenido.
