Un ambiente de tensión y controversia se vivió este miércoles 5 de febrero en el municipio de Támesis, durante la visita de las ministras de Medio Ambiente, Susana Muhamad, y de Agricultura, Martha Carvajalino.
La reunión, convocada para socializar la reciente resolución que establece el estudio de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), generó reacciones encontradas entre distintos sectores de la comunidad.
El evento, que también contó con la participación del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se desarrolló en un clima de inconformidad. Durante la intervención del mandatario departamental, un grupo de simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro lo recibió con abucheos y manifestaciones de rechazo. En videos compartidos en redes sociales, se observa cómo algunos asistentes interrumpieron su discurso, lo que evidenció la polarización existente en torno a la medida.
Por su parte el Gobernador de Antioquia rechazó la resolución del Ministerio de Agricultura y defiendió la autonomía territorial.
“En Antioquia no queremos el socialismo porque ya sabemos que ese modelo fracasó. Refleja escasez, ineficiencia, hambrunas, dictaduras, ruina y corrupción”, expresó el mandatario de los antioqueños Andrés Julián Rendón ante una audiencia que incluyó alcaldes, líderes comunitarios y ciudadanos. Según Rendón la resolución del Ministerio representa un ataque directo a la economía de mercado y usurpa competencias exclusivas.
El Gobernador también cuestionó la falta de consulta a las comunidades y administraciones locales durante la creación de la resolución, calificando el proceso como una violación a la Constitución y los principios de descentralización. “Esto no es un reality show. El poder es para servir, no para servirse. Se gobierna con seriedad y compromiso, no con espectáculos bochornosos”, enfatizó Andrés Julián.
El evento, realizado en el coliseo de Támesis, congregó a alcaldes de los 23 municipios del Suroeste, así como a líderes de otras subregiones, quienes respaldaron las declaraciones del Gobernador.
Por su parte el alcalde de Támesis, Juan Pablo Pérez, destacó que la medida atropella el ordenamiento territorial y profundiza el centralismo. “Propongo que se suspenda la implementación de la resolución hasta que haya un verdadero diálogo y medidas acompañadas de inversión real, no de discursos vacíos”, afirmó Pérez
La audiencia concluyó con un reclamo colectivo de las comunidades para que se respete la autonomía territorial y se detenga la implementación de la resolución. Con un llamado a la unidad, el gobernador Andrés Julián aseguró: “En Antioquia nos multiplicamos cuando la democracia está bajo ataque. Somos un solo pueblo defendiendo
Malestar entre sectores productivos
Uno de los principales puntos de discordia ha sido la falta de participación de ciertos gremios empresariales y productivos en la discusión de la resolución 000377 del 26 de diciembre de 2024. Esta normativa, emitida por el Ministerio de Agricultura, delimita 249.617 hectáreas en 23 municipios del suroeste antioqueño como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. Su objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y la preservación de territorios destinados a la producción agropecuaria, alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo y el artículo 65 de la Constitución Política.
Sin embargo, sectores productivos han expresado su preocupación, argumentando que esta delimitación podría afectar las dinámicas económicas locales y alterar tradiciones agrícolas de la región.
Muchos se preguntan ¿Qué es la APPA?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) son zonas definidas por el Gobierno Nacional con el fin de preservar y fomentar la producción agroalimentaria. Según el Plan Nacional de Desarrollo, estas áreas gozan de especial protección estatal para garantizar el derecho humano a la alimentación y promover la seguridad alimentaria en el país.
A pesar de los argumentos a favor de la medida, la implementación de la APPA sigue generando dudas y resistencias en el suroeste antioqueño. La falta de claridad sobre cómo se aplicará la normativa y qué mecanismos de compensación existirán para quienes puedan verse afectados son aspectos que el Gobierno Nacional deberá abordar en las próximas semanas.
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