Luego del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe el pasado 7 de junio, la Unidad Nacional de Protección (UNP) anunció la asignación de esquemas de seguridad a 52 aspirantes a la Presidencia para las elecciones de 2026.
El director de la entidad, Augusto Rodríguez, indicó que estas medidas se han implementado con prioridad tras las recomendaciones del Comité de Seguimiento Electoral y las solicitudes de varios sectores políticos, especialmente de la oposición.
Sin embargo, el anuncio se produjo en medio de cuestionamientos a la entidad por el nivel de protección que tenía el Senador al momento del ataque.
Aunque Rodríguez ha defendido la actuación de la UNP asegurando que se cumplió con lo establecido por la ley, los abogados del congresista del Centro Democrático iniciaron acciones legales contra la institución, señalando presuntas fallas en su esquema de seguridad.
La reacción institucional se dio semanas después del atentado, lo que ha generado críticas sobre la oportunidad de las decisiones en materia de protección para líderes políticos en el contexto preelectoral.
La UNP también se pronunció sobre otros casos. En relación con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se descartó que existiera información concreta sobre una amenaza en su contra, aunque no se excluye que se evalúe un posible refuerzo de su esquema de seguridad.
Por otro lado, Rodríguez negó que exguerrilleros estén asignados a la protección del senador Jota Pe Hernández. Según explicó, los firmantes del acuerdo de paz que hacen parte de la UNP se encuentran adscritos a una subdirección especializada y solo tienen a su cargo la protección de otros firmantes.
La asignación de los esquemas se debe al aumento de alertas de seguridad y por los cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de prevenir ataques contra figuras públicas.
