La reciente solicitud por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno colombiano sobre el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, coincide y refuerza los hallazgos de la investigación adelantada por IFMNOTICIAS.
En dicha indagación se advierte sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de salvaguardar la vida de líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos en el país.
La petición se dio luego de una solicitud presentada por su abogado, Víctor Mosquera, quien señaló que el organismo internacional indaga sobre las medidas adoptadas por el Estado antes y después del ataque.
“El Estado debe establecer cuál es la seguridad actual de Miguel, cuál es la seguridad que se ha brindado a su familia y qué tipo de medidas se han implementado después de este accionar criminal”, señaló el abogado Mosquera, quien además anunció que ya fueron solicitadas medidas cautelares ante el sistema interamericano para el senador, su familia y su equipo político.
La investigación adelantada por IFMNOTICIAS, se exponen presuntas irregularidades al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El caso de Uribe Turbay ha sido uno de los detonantes para poner bajo la lupa la gestión de esta entidad, encargada de garantizar la seguridad de líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos en el país.
De acuerdo con los hallazgos, el senador habría elevado al menos 23 solicitudes de refuerzo a su esquema de seguridad, todas negadas por parte de la UNP, que argumentó que “el esquema era suficiente”. La investigación reveló que razones similares se usaron para justificar decisiones como el retiro parcial de la protección al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también opositor del actual Gobierno.
Los hechos generaron preocupación en distintos sectores políticos y sociales, que han señalado que los criterios de asignación de protección no estarían respondiendo a análisis técnicos de riesgo, sino a alineamientos políticos. En ese sentido, desde distintos sectores se ha advertido sobre una aparente instrumentalización de los recursos de la UNP, priorizando esquemas para personas cercanas al Ejecutivo, mientras opositores o voces críticas enfrentan condiciones de riesgo sin atención suficiente.
El caso ha sido documentado por miembros del Congreso y concejales de distintas ciudades, quienes han hecho eco de estas denuncias. Uno de los que ha manifestado preocupación ha sido el concejal Daniel Briceño, quien ha reiterado la necesidad de que se evalúe el funcionamiento de la UNP y se garantice una política de protección imparcial.
La investigación de IFMNOTICIAS recoge testimonios, documentos oficiales y solicitudes tramitadas por la entidad, que evidencian un patrón que estaría marcando diferencias en el tratamiento de los esquemas de protección, dependiendo de la posición política de quien lo solicita.
Mientras tanto, la solicitud de información de la CIDH al Estado colombiano avanza en su trámite, a la espera de una respuesta oficial por parte del Gobierno Nacional. El organismo internacional indicó que dará seguimiento a la situación y evaluará si es necesario emitir medidas adicionales para garantizar la integridad del senador Miguel Uribe Turbay y su entorno cercano.
