El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos Sánchez, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro Urrego, por presunta ‘violencia moral’ agravada contra servidor público y encubrimiento.
La acusación está relacionada con las declaraciones del mandatario sobre la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, tras el allanamiento a la vivienda del ministro del Interior, Armando Benedetti.
La denuncia, radicada el 12 de noviembre de 2025, solicita que se adelante una investigación penal, disciplinaria y política “por indignidad y posibles faltas disciplinarias y hechos punibles” atribuidos al jefe de Estado. Según Bustos, Petro habría “atentado contra la independencia judicial” al calificar como ilegal el procedimiento judicial y señalar que el operativo fue “un secuestro familiar”, sin que exista una decisión judicial que respalde tal afirmación.
El denunciante argumenta que las expresiones del presidente configuran un acto de “violencia moral” hacia una integrante del poder judicial, por provenir de la máxima autoridad del Ejecutivo. “Se trata de un acto de constreñimiento moral desde la cabeza de la rama ejecutiva contra la rama judicial”, señaló Bustos, quien advirtió que estas declaraciones podrían vulnerar el equilibrio entre poderes y afectar la legitimidad institucional.
El escrito también hace referencia a los mensajes publicados por el ministro Armando Benedetti tras el operativo judicial, en los que se refirió a la magistrada Lombana con términos ofensivos. “En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada Lombana”, escribió el funcionario en su cuenta de X.
Según Bustos, el presidente no desautorizó ni se distanció de las expresiones de su ministro, sino que las replicó públicamente, lo que podría constituir encubrimiento o respaldo a una conducta de agresión verbal contra una autoridad judicial.
El documento también cita las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, quien rechazó los ataques personales contra la magistrada Lombana y advirtió que estas descalificaciones podrían afectar las investigaciones y minar la confianza en la justicia.
En su solicitud, Bustos pide a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones que determinen si las conductas descritas constituyen delitos tipificados en el artículo 429 del Código Penal, modificado por las leyes 1453 de 2011 y 2197 de 2022. Además, solicita la recolección de pruebas que permitan establecer si hubo responsabilidad penal, disciplinaria o política por parte del presidente Petro.
La Red de Veedurías argumenta que esta denuncia busca proteger la independencia de la rama judicial y sentar un precedente frente a los señalamientos y pronunciamientos de funcionarios del Gobierno hacia los magistrados de las altas cortes.
