La polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular para preguntar a los colombianos sobre mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores sigue generando controversia. Aunque el proyecto fue hundido recientemente en la Plenaria del Senado, el gobierno nacional ha insistido en que volverá a radicarlo ante el Congreso.
El costo estimado de esta consulta rondaría el billón de pesos, una cifra que ha despertado críticas en diversos sectores políticos, especialmente en medio de la compleja situación económica que enfrenta el país. Para poder sortear el impedimento legal que prohíbe presentar exactamente el mismo proyecto que ya fue rechazado, el Ejecutivo alista una estrategia: incluir una nueva pregunta entre las doce inicialmente propuestas. Esta nueva pregunta abordaría el tema de la salud y los medicamentos, lo que legalmente permitiría una nueva radicación con una modificación sustancial.
El Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, ha sido uno de los más férreos críticos de la iniciativa. En un ejercicio minucioso, analizó cada una de las preguntas planteadas por el gobierno y concluyó que no se justifica una consulta popular tan costosa, más aún cuando varios de los temas podrían ser discutidos y definidos por el Congreso de la República sin necesidad de convocar a las urnas.
Para Cadavid y otros sectores de la oposición, la propuesta del presidente Petro no responde a una verdadera necesidad democrática, sino a un interés político. Señalan que la consulta funcionaría como un «termómetro electoral» que permitiría al Gobierno medir su base de apoyo ciudadano y lanzar de manera anticipada la campaña oficialista para las elecciones de 2026.
Además, resulta llamativo que mientras el gobierno insiste en gastar una millonaria suma para realizar la consulta, el Legislativo, de manera inesperada, decidió revivir la discusión de la reforma laboral, precisamente el núcleo de las inquietudes que Petro buscaba someter a votación popular. Esta decisión del Congreso deja en entredicho la necesidad y pertinencia de someter al país a una jornada electoral costosa, especialmente cuando los mecanismos institucionales siguen activos para debatir y modificar las leyes necesarias.
La propuesta, aunque aún no ha sido presentada formalmente en su nueva versión, ya prende las alarmas sobre el uso de recursos públicos y el trasfondo político de los mecanismos de participación ciudadana.
Conéctese con IFMNOTICIAS! Síganos en nuestros canales digitales y active las notificaciones. @ifmnoticias en Instagram, X, Facebook, YouTube y Dailymotion!
