El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno comenzará a comprar las cosechas de coca a los campesinos de El Plateado, Cauca.
Este controvertido anuncio llega en un momento clave, justo después de que Naciones Unidas revelara un preocupante incremento en los cultivos ilícitos en Colombia, con un aumento del 10% en las hectáreas de coca sembradas en el país durante el último año.
Durante la firma del ‘Pacto por la Democratización del Crédito Solidario’ en Bogotá, Petro aseguró que esta medida tiene como objetivo brindar apoyo temporal a los campesinos de esta región, que por años han dependido de los cultivos de coca para sobrevivir.
“Vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas, menos mal la procuradora y el fiscal ya se fueron. Si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos”, declaró el mandatario, en una intervención cargada de controversia.
El Plateado: En el epicentro del conflicto
El Plateado ha sido uno de los epicentros del conflicto entre fuerzas del Estado y grupos armados. Durante décadas, la producción de coca en esta región ha sido un motor económico, en medio de la ausencia de opciones legales de subsistencia.
Con esta iniciativa, el gobierno busca romper ese ciclo vicioso, ofreciendo a los campesinos una alternativa mientras se desarrollan proyectos productivos lícitos.
“El campesinado del Micay le venderá sus cosechas de coca al Estado mientras aparece la economía lícita. Para eso necesitamos crédito en todas las zonas más pobres y excluidas de Colombia”, expresó Petro, destacando la necesidad de acceso a créditos solidarios como motor de cambio en estas comunidades.
El anuncio presidencial justo coincide con la publicación del último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el cual reporta un crecimiento del 10% en los cultivos de coca en 2023, alcanzando las 253.000 hectáreas.
Este aumento, además, ha venido acompañado de un alarmante incremento en la producción de cocaína, que ascendió a 2.664 toneladas métricas, un 53% más que en el año anterior.
El informe de la Unodc alerta sobre la concentración de cultivos en territorios de manejo especial, como parques nacionales y resguardos indígenas, y la diversificación de actividades delictivas vinculadas al comercio de la cocaína.
La expansión de estos cultivos no solo amenaza los esfuerzos de erradicación, sino que también afecta de manera directa a zonas estratégicas cercanas a grandes centros urbanos como Popayán, Medellín y Bogotá.
Una solución temporal con grandes interrogantes
La propuesta de Petro ha generado opiniones divididas. Por un lado, algunos ven en esta compra estatal una solución pragmática para aliviar la situación de los campesinos, mientras se gestan nuevas oportunidades económicas.
Sin embargo, la iniciativa también despierta serias dudas sobre su viabilidad y los riesgos que conlleva. Críticos de la medida advierten que, lejos de ofrecer una solución sostenible, la compra de coca podría perpetuar la dependencia de las comunidades rurales en la producción de este cultivo ilícito.
Además, la cuestión de cómo se garantizará que la coca comprada no termine alimentando el narcotráfico es una preocupación central. A esto se suma el reto de implementar proyectos económicos alternativos en zonas profundamente afectadas por el conflicto armado y la falta de presencia estatal.
