Durante el Consejo de Ministros transmitido este 24 de junio, el presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre el acto realizado en Medellín en el marco del programa de “Paz Urbana”, en el que participaron varios líderes de estructuras criminales actualmente privados de la libertad. El mandatario aseguró que no se trató de delincuentes en tarima, sino de “personas en rehabilitación”.
El evento, que tuvo lugar en la Plaza de La Alpujarra, generó cuestionamientos en distintos sectores luego de conocerse que al menos nueve jefes de bandas del Valle de Aburrá, incluidos herederos de la estructura criminal conocida como “La Oficina”, participaron públicamente tras recibir permiso para salir de la cárcel de Itagüí.
“El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. No ven a la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación”, afirmó el Presidente durante su intervención. Añadió que lo que se evidenció fue la disposición de esas personas a hablarle al pueblo de Medellín, “donde hicieron sus víctimas”, y expresar voluntad de reparación e indemnización.
Petro también señaló que los señalamientos sobre su participación en ese acto omiten el papel que han tenido otras figuras públicas en acercamientos con estructuras ilegales. “En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros”, sostuvo.
Los nombres de los participantes en el evento incluyen a Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert; y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.
Estos internos hacen parte de la llamada Mesa de Paz Urbana, impulsada desde el Gobierno Nacional con acompañamiento del Alto Comisionado para la Paz. Según se conoció a través de El Tiempo, la Oficina del Comisionado fue la encargada de solicitar los permisos al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) con antelación al evento.
La participación de los reclusos también fue criticada por la Defensoría del Pueblo. La defensora Iris Marín señaló que, aunque el diálogo con estos grupos puede ser una herramienta para alcanzar la paz urbana, no puede darse bajo símbolos de “honra y distinción” a quienes han sido condenados por delitos como homicidio, desaparición forzada, violencia sexual y reclutamiento ilícito.
