En una intervención dirigida a unidades militares y policiales desplegadas en Medellín y el Valle de Aburrá, el presidente Gustavo Petro se refirió este sábado 21 de junio a los retos que enfrenta el país en materia de seguridad urbana, con énfasis en la situación de Antioquia y los diálogos que su administración sostiene con estructuras ilegales en la ciudad.
El mandatario hizo énfasis en su rol como Comandante en Jefe de la Fuerza Pública, en cumplimiento de la Constitución, y recalcó que las instituciones del Estado deben actuar de forma coordinada para enfrentar la criminalidad y proteger a la población, especialmente a los jóvenes y niños de sectores vulnerables.
Durante su intervención, Petro destacó los avances de lo que ha denominado “paz urbana” en Medellín. Según dijo, el proceso ha incluido conversaciones con personas privadas de la libertad que, a juicio del Gobierno, aún mantienen influencia sobre estructuras armadas en diferentes barrios de la ciudad. Estos encuentros, señaló, han tenido lugar en la cárcel de Itagüí.
El jefe de Estado sostuvo que Antioquia concentra las mayores cifras de víctimas del conflicto en Colombia, situación que, según mencionó, tiene raíces en violencias cruzadas por factores políticos, económicos y criminales. Frente a este panorama, indicó que su administración ha planteado una estrategia que incluye intervenciones sociales, articulación entre entidades civiles y fuerza pública, y especial atención a la protección de la infancia y juventud en las comunas.
“Intentamos construir una especie de Estado del cuidado en las comunas populares del Valle de Aburrá y de Antioquia”, afirmó el mandatario, señalando que esa tarea requiere el despliegue de políticas públicas, inversión de recursos y una transformación en la forma en que se relaciona la institucionalidad con las comunidades.
En su discurso, Petro también aludió a la evolución de las dinámicas delictivas en Medellín. Indicó que la ciudad ha transitado desde ser uno de los epicentros más violentos del mundo en los años noventa, con tasas de homicidios de hasta 400 por cada 100 mil habitantes, a estar próxima a descender a cifras inferiores a 10 por cada 100 mil. Enfatizó que parte de esta reducción obedece a decisiones de antiguas estructuras armadas que, según el presidente, han manifestado disposición de abandonar la violencia.
El presidente también se refirió a nuevos desafíos para la seguridad urbana, como la aparición de estructuras criminales con redes internacionales, a partir de fenómenos como el turismo y el narcotráfico, lo cual —dijo— requiere atención prioritaria en inteligencia y acción preventiva por parte de las autoridades.
En la parte final de su intervención, el mandatario sostuvo que las instituciones no pueden permitir que la infancia y la juventud sigan siendo utilizadas por actores violentos. “Esa tiene que ser una línea roja para cualquier gobierno, sin importar su orientación política”, puntualizó. También instó a la Fuerza Pública a incorporar estos principios en sus planes de trabajo, y a asumir el reto de preservar la vida y construir entornos de paz en las zonas urbanas del país.
