El Gobierno Nacional anunció que el incremento del salario mínimo del 23,7% se mantendrá sin modificaciones, luego de concluir la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales convocada por orden de Petro. La reunión se desarrolló en el Ministerio de Trabajo con participación de representantes de trabajadores, empleadores y delegados del Ejecutivo.
Al término del encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que la discusión se centró en analizar el alcance del auto emitido por el Consejo de Estado que suspendió de manera provisional el decreto expedido en diciembre del año anterior.
Según explicó, el Gobierno habilitó el espacio de diálogo para escuchar posiciones de los sectores involucrados y examinar las implicaciones jurídicas de la decisión judicial.
Durante la rueda de prensa posterior a la sesión, Sanguino señaló que en la comisión se registró una opinión mayoritaria, tanto de empleadores como de centrales sindicales, en favor de no modificar el porcentaje de incremento vigente. Indicó que el Gobierno acatará la orden judicial y expedirá un decreto transitorio dentro del plazo establecido, incorporando lo discutido en la mesa de concertación.
El ministro explicó que la sesión no era un requisito obligatorio impuesto por el auto judicial, pero fue convocada para permitir la exposición de argumentos técnicos y económicos de las partes. Añadió que la conversación se desarrolló con intervenciones de voceros empresariales y sindicales, quienes expusieron sus posturas frente a la suspensión provisional del decreto salarial.
De acuerdo con lo expresado por el funcionario, el Ejecutivo considera que alterar la cifra actual generaría efectos en las dinámicas laborales y en la planeación financiera de empresas y hogares. Por esa razón, el Gobierno recogerá la opinión mayoritaria manifestada en la comisión y la reflejará en el decreto que deberá expedirse en los próximos días.
Sanguino también informó que los ministerios de Trabajo y Hacienda, junto con el Departamento Administrativo de la Presidencia, trabajarán en la redacción del acto administrativo transitorio.
El plazo para su expedición es de ocho días calendario, conforme a lo indicado por la autoridad judicial. Paralelamente, el Gobierno adelantará recursos legales ante el Consejo de Estado para sustentar la política salarial adoptada.
En la sesión participaron representantes de gremios empresariales, centrales obreras y voceros de pensionados, quienes intervinieron sobre la conveniencia de mantener la cifra vigente. Según el balance presentado por el Ejecutivo, no se planteó una nueva negociación del porcentaje sino un análisis sobre la continuidad del incremento ya aplicado.
La discusión se produce en medio del trámite judicial que evalúa el decreto salarial y mientras se define el alcance definitivo de la medida. Entretanto, el Gobierno anunció que propondrá un paquete de ayudas dirigido a pequeñas y medianas empresas con el propósito de mitigar efectos económicos y preservar puestos de trabajo, iniciativa que será detallada en próximos anuncios oficiales.
