El proyecto de sometimiento judicial impulsado por el Gobierno bajo el nombre de Paz Total fue defendido públicamente por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien no solo presentó los beneficios que recibirían jefes de organizaciones armadas y del crimen organizado, sino que además arremetió contra el expresidente Juan Manuel Santos y contra el propio alto comisionado de Paz, Otty Patiño.
El articulado, radicado ya en el Congreso de la República, ofrece reducciones sustanciales de penas para integrantes de estructuras ilegales a cambio de su desmovilización. La iniciativa, presentada como una herramienta para lograr la desarticulación de organizaciones criminales, establece rebajas de penas que van desde el 40% hasta el 70%, incluso en casos donde existen condenas por delitos graves.
Para miembros de grupos armados como el ELN o disidencias de las FARC, se propone penas de entre 5 y 8 años de reclusión bajo un esquema de justicia restaurativa. En el caso del crimen organizado, las penas podrían ser reducidas hasta en un 60%. Manifestantes judicializados, incluidos integrantes de la primera línea, tendrían rebajas de hasta el 70%.
El anuncio fue acompañado por declaraciones en las que Montealegre descartó que se trate de impunidad, e insistió en que el proyecto configura una política criminal orientada al desmonte gradual de estructuras mediante incentivos jurídicos. Sin embargo, su discurso dejó abiertas interrogantes sobre los límites éticos y judiciales de negociar con cabecillas, y sobre el mensaje que se envía a las víctimas del conflicto y al sistema de justicia.
Montealegre planteó que el procedimiento se activaría mediante un sistema de dos llaves: una primera por parte del Ejecutivo, que identificará los grupos con los que se abriría negociación, y una segunda por parte de la Fiscalía, encargada de formalizar los acuerdos.
En medio de la presentación del proyecto, el ministro utilizó el espacio para responder a las críticas del expresidente Juan Manuel Santos. En su intervención, Montealegre cuestionó los Acuerdos de La Habana y afirmó que no deben ser entendidos como un marco definitivo. “Los acuerdos de La Habana no están escritos en piedra, que los acuerdos de La Habana no pueden fosilizar futuras negociaciones de los conflictos armados en Colombia (…). Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, señaló.
Montealegre también apuntó directamente contra Otty Patiño, actual comisionado de Paz del gobierno Petro, a quien calificó como un “francotirador de la paz”. La expresión fue utilizada para referirse a los cuestionamientos que Patiño ha expresado sobre el alcance del proyecto, en particular, sobre la inclusión de narcotraficantes y líderes de bandas criminales en procesos de sometimiento similares a los de grupos insurgentes.
Las declaraciones evidenciaron una división dentro del mismo Gobierno sobre el enfoque de la Paz Total. Mientras desde el Ministerio de Justicia se promueve un modelo basado en incentivos judiciales amplios, desde la Oficina del Comisionado de Paz se han expresado reparos frente a los riesgos que implicaría equiparar el tratamiento a estructuras con fines políticos y organizaciones dedicadas al narcotráfico o la extorsión.
La iniciativa será discutida en la nueva legislatura, en medio de una amplia controversia pública y un escenario político fragmentado. Aunque el proyecto incluye elementos jurídicos nuevos, como el sometimiento colectivo con compromisos verificables de desmantelamiento, los alcances de las rebajas penales, el perfil de los beneficiarios y la falta de diferenciación entre actores armados y crimen organizado, siguen generando alertas en distintos sectores.
Hasta el momento, no se conocen detalles sobre mecanismos de reparación a víctimas, criterios de selección de beneficiarios ni condiciones de no repetición. Mientras el Gobierno defiende el modelo como una salida para enfrentar el poder territorial de bandas criminales, otros sectores del país advierten sobre los vacíos judiciales y políticos de un proceso que plantea conceder amplios beneficios sin establecer responsabilidades claras.
