El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció este miércoles que el Gobierno está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia penal por prevaricato y usurpación de funciones públicas contra el registrador nacional, Hernán Penagos, luego de que este decidiera no convocar la consulta popular ordenada por el presidente Gustavo Petro mediante el decreto 0639 de 2024.
La advertencia del ministro se produce tras la decisión del Registrador de no iniciar el proceso de convocatoria, al considerar necesario solicitar previamente conceptos jurídicos a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y a la Procuraduría General de la Nación.
Montealegre cuestionó públicamente esta decisión, señalando que Penagos estaría desobedeciendo una orden directa del jefe de Estado. “El Registrador no está actuando jurídicamente, él se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano”, afirmó el Ministro, quien también indicó que esta conducta podría configurar el delito de prevaricato por omisión.
En su declaración, Montealegre afirmó que la competencia para determinar la constitucionalidad de un decreto presidencial corresponde exclusivamente a la Corte Constitucional, y no al registrador nacional. “No puede negarse a cumplir el decreto del presidente. Parece que el Registrador entró a formar parte de la oposición, y él, como Registrador, no puede formar parte de la oposición en Colombia”, expresó.
El Ministro también señaló que Hernán Penagos habría adoptado una “agenda política paralela” y aseguró que su actuación “cruza ya a las arenas movedizas” al incurrir, según su criterio, en una “vía de hecho” al abstenerse de acatar una directriz del Ejecutivo.
“Él copió esa agenda y está cruzando una línea. El Ministerio evalúa en este momento la posibilidad de formularle una denuncia penal por prevaricato. Porque, en una situación fáctica, al abstenerse de cumplir la orden presidencial, eso constituye un delito de prevaricato y además una usurpación de una función pública”, sostuvo.
La discusión se enmarca en la controversia generada en torno a la viabilidad del decreto que convoca a una consulta popular nacional, actualmente objeto de 40 demandas presentadas ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, situación que ha llevado a la Registraduría Nacional a abstenerse de iniciar cualquier procedimiento administrativo relacionado con el mecanismo de participación ciudadana.
