El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció que un informe forense confirmó el uso ilegal del software de espionaje Pegasus para interceptar su teléfono celular y realizar seguimientos en su contra y contra su familia.
La revelación fue hecha a través de una publicación en su cuenta de X la mañana de este martes 13 de enero de 2026, acompañada de un video en el que expuso detalles del caso. Según explicó el jefe de la cartera, el informe técnico determinó que su dispositivo fue infiltrado en al menos 8.742 ocasiones entre los meses de agosto y noviembre de 2025.

De acuerdo con el mismo documento, en por lo menos 124 oportunidades se activaron de forma ilegal la cámara y el micrófono del celular, sin su conocimiento ni autorización. Idárraga señaló que durante ese periodo también se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada.
El titular indicó que entre los datos extraídos habría información sensible relacionada con denuncias anticorrupción que venía promoviendo en su calidad de secretario de Transparencia de la Presidencia y posteriormente como ministro de Justicia encargado. En declaraciones posteriores, sostuvo que los hechos se habrían iniciado cuando ya Pedro Arnulfo Sánchez se encontraba al frente del Ministerio de Defensa.
Idárraga afirmó que, además del espionaje digital, un informe de contrainteligencia daría cuenta de una orden impartida desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el propósito de realizar seguimientos en su contra y contra su núcleo familiar.
Según su versión, esos recursos públicos habrían sido destinados a identificar las fuentes que le suministraban información para destapar presuntos casos de corrupción al interior del sector defensa.
Ante estos hechos, el funcionario confirmó que radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de su privacidad y la de su familia. De igual forma, informó que llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que solicitó intervenir frente a lo que calificó como una persecución relacionada con su labor en la lucha anticorrupción.
El funcionario también remitió la información a la Contraloría General de la República, con el fin de que evalúe el uso de los gastos reservados del sector defensa y determine si estos recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los establecidos en la ley.
Finalmente, Idárraga reiteró que, según la información contenida en los informes forenses y de contrainteligencia, la infiltración de su celular se habría realizado mediante estructuras estatales, utilizando herramientas de vigilancia y recursos públicos, hechos que, señaló, deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.





