En medio de un panorama presupuestal complicado, el ministro de Educación, Daniel Rojas, ha revelado la solicitud de 6,5 billones de pesos al Ministerio de Hacienda para la vigencia de 2025, una cifra que incluye los recursos necesarios para el Icetex, entidad clave para el acceso a la educación superior.
Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo deja al sector con solo 4,6 billones aprobados, lo que ha obligado a replantear las prioridades y realizar ajustes internos para cubrir las necesidades básicas del sistema educativo.
El ministro Rojas, en una declaración que parece un llamado a la comprensión pública, aseguró: «Comunicarle a la oposición pública que tanto el Ministerio de Educación Nacional como la presidenta encargada del Icetex han solicitado al Ministerio de Hacienda cumplidamente la totalidad de los giros del plan anualizado de cajas, es decir, del presupuesto de la vigencia 2024.»
Estas palabras reflejan no solo la supuesta insistencia del Ministerio en asegurar los recursos necesarios, sino también una velada crítica hacia la rigidez presupuestal que enfrenta el sector educativo en un momento crítico para el país.
Impacto en el Icetex y los estudiantes
El recorte presupuestal golpea directamente al Icetex, una entidad que ya ha sido objeto de fuertes críticas por parte de estudiantes y expertos debido a las altas tasas de interés y la falta de flexibilidad en los créditos educativos.
Los recursos asignados no solo son insuficientes para atender las necesidades crecientes, sino que podrían comprometer la financiación de nuevos préstamos y la sostenibilidad de los actuales.
Este ajuste interno, del que poco se ha detallado, genera incertidumbre entre los miles de jóvenes que dependen de los créditos del Icetex para seguir sus estudios. Las promesas de una transformación de la entidad quedan en entredicho frente a la realidad de un presupuesto limitado.
El pronunciamiento de Rojas parece también dirigido a los sectores de oposición que han criticado duramente la gestión educativa del gobierno.
Sin embargo, las cifras y los resultados no parecen respaldar los argumentos oficiales. La reducción de recursos no solo es un golpe al Ministerio de Educación, sino también un duro mensaje sobre las prioridades presupuestales del país.
La crisis educativa se perfila como un punto de quiebre en las políticas públicas del gobierno, que tendrá que demostrar si los llamados ajustes internos son suficientes para evitar una parálisis en el sector y garantizar el derecho a la educación.
