El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no existe ninguna orden ni instrucción desde esa cartera ni desde las Fuerzas Militares para realizar seguimientos o labores de espionaje contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.
Sánchez afirmó que la información que dio origen a esa denuncia corresponde a datos falsos que habrían inducido a error al funcionario.
Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, tras una verificación interna, se estableció que el software Pegasus no se encuentra en uso dentro de la Fuerza Pública.
Precisó que esta herramienta estuvo en Colombia únicamente durante los años 2021 y 2022 y que, desde entonces, dejó de utilizarse. Reiteró que actualmente no hay ningún sistema de ese tipo activo en las instituciones bajo su jurisdicción.
Sánchez también indicó que, en caso de que se llegara a emplear algún software de vigilancia o interceptación, su uso estaría condicionado de manera estricta a una orden judicial y al cumplimiento de todos los procedimientos legales. Cualquier actuación por fuera de ese marco, señaló, constituiría una violación a la ley.
En relación con el sargento viceprimero Darwin Ramírez Pertúz, mencionado en las denuncias, el ministro aclaró que el suboficial no pertenece al arma de inteligencia. Explicó que Ramírez hace parte de los esquemas de seguridad del Ministerio de Defensa, donde existen alrededor de 14 dispositivos de protección, y que su función es articular capacidades de inteligencia y contrainteligencia que corresponden a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional.
De acuerdo con la versión oficial, al interior del Ministerio de Defensa no se realizan labores de inteligencia ofensiva. Las actividades de contrainteligencia que se han ordenado se limitan a verificaciones internas, como pruebas de confiabilidad dirigidas a personal del propio ministerio y a esquemas considerados sensibles, en el marco de la protección de altos funcionarios y de quienes participan en la toma de decisiones estratégicas.
El ministro también negó que el sargento Ramírez tenga facultades para ejecutar gastos reservados, y señaló que esos recursos son administrados exclusivamente por las Fuerzas Militares, bajo mecanismos de supervisión establecidos por la normativa vigente.
Sánchez advirtió que la divulgación de la identidad, la hoja de vida o imágenes de personal encargado de la seguridad institucional expone a esas personas a riesgos innecesarios, afecta su privacidad, compromete el debido proceso y puede perjudicar su buen nombre. En ese sentido, hizo un llamado a un manejo responsable de la información, especialmente cuando existen investigaciones en curso.
Finalmente, indicó que la Fiscalía General de la Nación adelanta las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos denunciados y que las autoridades competentes están comprometidas con realizar las investigaciones necesarias con celeridad y conforme a la ley, manteniendo las reservas que exige este tipo de procesos.
