Fabián Andrés Cuestas Beltrán, subintendente de la Policía y exjefe de turno del esquema de seguridad de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, fue capturado y judicializado por el presunto delito de tráfico ilegal de armas desde el interior de la institución.
Informaciones de la Fiscalía indican que Cuestas haría parte de una estructura que desviaba armas, municiones y accesorios desde la Dirección de Protección y Servicios Especiales.
Además, se indica que, utilizando los vehículos oficiales asignados a los altos funcionarios, se realizaba el transporte de los elementos bélicos.
En el escrito de acusación de la Fiscalía sobre la trama se puede leer, «estas personas se habrían articulado para extraer armas y cartuchos de diferentes calibres de las instalaciones oficiales y comercializarlas; modificar pistolas, revólveres, rifles y accesorios de diferente índole, o alterar los registros del armamento y la munición que les confiaban particulares. Esto lo hacían con el propósito de cambiarle la apariencia al material y venderlo de manera clandestina a ciudadanos, organizaciones y grupos que brindan servicios de protección y seguridad privada que contactaban a la estructura ilegal.
Al respecto, la exvicepresidente y exministra de Defensa, mostró su preocupación por el riesgo de seguridad para ella y su familia.
«Esta información me sorprendió profundamente y me parece de la mayor gravedad. Que un miembro de la Policía, vinculado a una red de tráfico ilegal de armas, haya estado encargado de proteger mi vida es inaceptable. Este caso debe investigarse con todo el rigor. Mi seguridad y la de mi círculo cercano estuvo expuesta».
Además, recalcó que el subintendente Cuestas, posee información confidencial de ella y su familia, «Esto me parece absolutamente grave porque evidentemente una persona que estaba encargada de proteger mi vida, aparentemente, estaba vinculado a un delito y por supuesto fue una persona de la más absoluta confianza que conoce absolutamente todo sobre mí y sobre mi familia, sobre nuestros movimientos».
Destacó Marta Lucía Ramírez que sorprendentemente la Policía Nacional nunca le informó sobre una investigación que se desarrolló por espacio de dos años.
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