La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lina María Garrido, expresó fuertes críticas hacia la Corte Constitucional luego del fallo que ordenó repetir parte del trámite legislativo de la Ley 2381 de 2024, que establece el nuevo sistema pensional. Según la Congresista, esta decisión revela una supuesta alineación del alto tribunal con el Ejecutivo.
“Pueden decir lo que quieran, pero Germán Vargas Lleras lo advirtió con claridad: Gustavo Petro logró quedarse con una Corte Constitucional de bolsillo”, escribió Garrido en su cuenta oficial de X, señalando que el Presidente tendría mayorías dentro del tribunal constitucional.
En el mismo mensaje, la Congresista agregó: “Esto es una amenaza real para la democracia (…) El poder judicial se ha convertido en el cómplice silencioso de Gustavo Petro”.
Garrido también publicó un video en el que amplió sus críticas, refiriéndose al Auto 841 de 2025, mediante el cual la Corte decidió devolver la ley a la Presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes, ordenando una nueva discusión y votación de la proposición que acogía el texto del Senado.
“El presidente Petro tiene mayorías en la Corte Constitucional, lo que durante 30 años era un vicio y un argumento válido como la violación al trámite legislativo para declarar una ley inexequible, hoy se convierte por arte de magia en una segunda oportunidad para que las decisiones del Congreso se alineen a los intereses del Ejecutivo”, manifestó Garrido.
La vicepresidenta de la Cámara insistió en que el fallo judicial representa un cambio en el tratamiento de las normas frente a la legalidad del trámite legislativo. “Lo que antes era inadmisible hoy es subsanable. Lo que antes se rechazaba por inconstitucional, ahora se justifica con argumentos de conveniencia”, afirmó.
Además, advirtió sobre una posible validación futura de una eventual constituyente convocada por el presidente Petro mediante decreto. “Si mañana Petro convoca una constituyente por vía de un decreto o una consulta popular amañada, esa Corte se la va a avalar, no por razones de derecho, sino por pura obediencia política”, concluyó.
El fallo, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ordena:
- Devolver la Ley 2381 de 2024 a la presidencia de la plenaria de la Cámara de Representantes.
- Someter nuevamente a discusión y votación la proposición sustitutiva que proponía acoger el texto aprobado por el Senado, dentro de un plazo de 30 días hábiles.
- Suspender los términos de los procesos de control de constitucionalidad sobre la ley hasta que la Sala Plena adopte una decisión definitiva.
- Suspender la entrada en vigencia de la ley, salvo los artículos 12 (parágrafo transitorio) y 76.
El trámite podrá adelantarse en sesiones ordinarias o extraordinarias, según lo determine la Cámara de Representantes. Además, el Congreso podrá establecer una nueva fecha de entrada en vigor para la totalidad de la norma una vez se culmine el procedimiento ordenado.
